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El presidente de la Asociación Nacional de Centros señaló que la norma para fiscalizar el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales podría ser utilizada para acallar a quienes no estén alineados con el gobierno.
Luego de que el Pleno del Congreso aprobara la norma para fiscalizar el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG), el presidente de la Asociación Nacional de Centros, Javier Azpur, denunció que esta ley tiene como fin "limitar a las instituciones de defensa de derechos humanos".
"Es claro que esta norma busca limitar a las instituciones de defensa de derechos humanos, a instituciones defensoras del medio ambiente, a instituciones que promovemos el desarrollo y la democracia, que promovemos los derechos y equidad de la mujer y sus derechos reproductivos. Todos ellos están. Lo que hay detrás de esto es justamente controlar y sancionar. Y desde nuestro punto de vista, lo que existe también detrás de estos elementos es esta visión de guerra cultural, de sancionar a todo aquel que no está de acuerdo con este tipo de valores y principios y cambios claramente ilegales e inconstitucionales", dijo en Ampliación de Noticias.
Aunque la ley se presenta bajo el pretexto de promover la transparencia, Azpur sostiene que su verdadero objetivo es el control y la represión. "No tenemos inconveniente con la transparencia", afirma, señalando que las oenegés ya cumplen con informes detallados a entidades reguladoras. Sin embargo, esta ley les daría al Estado el poder de sancionar o disolver organizaciones bajo pretextos administrativos.
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Ley podría ser utilizada para acallar a cualquier ONG no alineada
Uno de los aspectos más alarmantes de la ley es la restricción impuesta a las oenegés para asesorar o financiar litigios contra el Estado. Esto, señala Azpur, dejaría a las poblaciones más vulnerables sin acceso a apoyo legal, violando su derecho constitucional a la defensa.
Las comunidades indígenas, periodistas y otras agrupaciones, que a menudo dependen de la ayuda de oenegés para continuar procesos judiciales complicados y costosos, serían las más afectadas.
Asimismo, Azpur criticó la vaguedad de la ley, que podría ser utilizada para acallar a cualquier ONG que exprese desacuerdo con políticas gubernamentales. Esta "arbitrariedad" en la aplicación de la ley podría llevar a un estado de censura donde solo las voces alineadas con el gobierno tengan cabida.
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