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En el Perú existe baja presencia de liderazgos indígenas en la política, pese a que uno de cada cuatro ciudadanos en el país se identifica como tal, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). ¿Qué efectos genera en la democracia la falta de una inclusión real de los pueblos indígenas y originarios? Los detalles en este informe.
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Estas son las principales barreras que enfrentan los pueblos indígenas u originarios para participar en espacios de toma de decisión
En el Perú, la población indígena representa más del 25% del total de ciudadanos, de acuerdo con el censo del 2017 del Instituto Nacional de Estadística e Información (INEI). Los pueblos originarios se ubican principalmente en zonas andinas y amazónicas de nuestro país y comparten una cultura, lengua o la valorización del territorio como parte de su identidad.
Según el Ministerio de Cultura, actualmente existen 55 pueblos originarios en el país (51 de la Amazonía y 4 de los Andes), cuyos habitantes se comunican en alguna de las 48 lenguas reconocidas a nivel nacional, entre ellas el quechua o aimara.
Sin embargo, que un ciudadano se identifique como parte de una comunidad nativa o étnica genera que pueda ser víctima de discriminación y, en un caso extremo, decida rechazar su identidad en la sociedad. Este rechazo a su identidad conduce, entre otros puntos, a que no logren una adecuada representación en democracia y, sobre todo, en la política, explica el sociólogo y coordinador del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), José Koechlin.
"Reconocerse de ese modo [como parte de la comunidad indígena] puede ser [que uno sea] una víctima de discriminación en la sociedad. Entonces, todo eso hace que una identidad étnica pudiera estar muy mal vista, muy poco valorada a diferencia de países como Ecuador o Bolivia, donde sí hay una autoidentificación indígena o de pueblos originarios. En el Perú no hemos tenido esos liderazgos por razones históricas, económicas", sostiene.
"Cuando una persona que tiene orígenes andinos o amazónicos, normalmente se le invita a participar no tanto por esos orígenes, sino por razones populistas o de ascendencia sobre un pueblo originario y no tanto por sus ideas, o por la agenda que pudiera traer. Es para captar solamente votos", añade el experto.
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Ausencia de una inclusión real de las comunidades indígenas en los partidos políticos
En el Perú la ley exige que las organizaciones políticas incluyan un número mínimo de ciudadanos indígenas en sus listas de candidatos a regidores y consejeros regionales. Sin embargo, el mal uso de la norma afecta que puedan ser debidamente representado, resalta Koechlin.
Para cumplir los requisitos para participar en comicios, las organizaciones políticas suelen buscar a ciudadanos con apellidos nativos, pero sin ningún vínculo con una asociación que le permita tener claro las demandas que requieren en su territorio; o cuando, si esta persona está involucrada en una organización, se priorizan los intereses partidarios en lugar de la agenda indígena, señala el especialista.
"Los partidos buscan a líderes de pueblos originarios para rellenar la lista. No captan personas que pudieran pertenecer a una asociación o a una comunidad nativa, captan personas que tengan esa condición, pero sin ninguna conexión real con las necesidades de inclusión en la vida política, en la vida económica y en la vida social del país", refiere.
La necesidad de una inclusión en espacios políticos y de toma de decisión
Que líderes indígenas participen en política es un trabajo pendiente de los partidos políticos en la búsqueda de lograr una mejor representación en cargos de elección popular. Sin embargo, también es necesario que el Gobierno fomente que profesionales de comunidades nativas integren equipos de trabajo y laboren en sectores claves para el desarrollo de sus territorios, como salud y educación.
Al respecto opina Marisol García, presidenta de la Federación de Pueblos Indígenas Kichwa Chazuta Amazonas (FEPIKECHA), espacio que representa 11 comunidades nativas quechuablantes que se ubican en la región San Martín y que forma parte de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
"Nosotros nos sentismos utilizados cuando empiezan las campañas electorales. No nos ven como ser humano con capacidades y con habilidades, pero sobre todo con conocimientos. Necesitamos que los profesionales indígenas puedan estar en espacios de toma de decisiones o en el Congreso, que puedan ayudar a crear políticas públicas inclusivas", sostiene.
García reconoce que existe una "brecha gigante" de exclusión de los pueblos indígenas respecto a una "participación plena y efectiva de los espacios políticos", tanto a nivel local, regional y nacional. Precisa que cuando han tenido representantes indígenas elegidos en cargos distritales o regionales, estos se suelen alejarse de la agenda que impulsada en periodo de campaña y abandonan la atención de las necesidades de los territorios nativos.
Sin embargo, pese a la desigualdad que existe actualmente de participación de los pueblos originarios en los espacios de poder, García recalca que es posible articular un trabajo que permita tener en cuenta su perspectiva y su conocimiento de estas comunidades en la elaboración de políticas públicas en el país. El primer paso, señala, es que exista la voluntad de las autoridades actuales.
"Y es posible, cuando hay voluntad como ser humano, cuando hay voluntad política, es posible. Nosotros trabajamos en el tema del proyecto para erradir el matrimonio infantil, se trabajó con lideresas de diferentes partes del Perú y nos fuimos al Congreso. Ese es un ejemplo de que sí se puede articular los pueblos indígenas con las personas que ya están en cargos políticos", refiere.
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Panorama en América Latina
En América Latina, países como Bolivia y Ecuador han avanzado mucho en temas de representación de las comunidades indígenas al tener autoridades electas en cargos políticos.
En Colombia, además, se reservan escaños en el Congreso para representantes de pueblos originarios, lo que permite crear normas para proteger sus territorios de economías ilegales, opina Jamner Manihuari, vicecoordinador de la Coordinadora de las Organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).
"En el caso de Colombia, recientemente, el Estado les ha reconocido una nueva ley de los defensores ambientales.Sin embargo, en nuestro país, a los defensores ambientales nos están matando por no permitir la expansión de las actividades ilícitas en sus territorios", señala.
"En Perú vamos construyendo una propuesta sobre los gobiernos territoriales autónomos basada en la protección de sus propias comunidades, de sus derechos propios. Si no construimos esas propuestas que establecen la autoprotección, tanto para la misma persona y proteger sus territorios, no lo va a hacer el Estado. Esta protección que se busca alcanzar es respecto a sus niveles de su autodeterminación, sus niveles de gobernanza, los niveles territoriales. Y ello incluye la educación, la salud, la forma de vida, de cómo ver un desarrollo de su nivel intercultural", comenta.
Manihuari explica que este tipo de iniciativas son necesarias para avanzar en el reconocimiento de sus derechos y que se garantice la participación de las comunidades indígenas en las decisiones importantes que se tomen a nivel de gobierno y que tienen un impacto directo en sus territorios.
"No solamente es reconocer derechos, pero de qué te sirve que los reconozcas, de qué sirve que reconozcas números de nacionalidades, pero finalmente se están vulnerando sus derechos en las tomas de decisiones. No son considerados siempre en los niveles de los procesos de consumo, simplemente informados, cuando deberían ser parte de un proceso democrático participativo, desde la primera etapa", recalca.
"Creo que si se toman estas consideraciones no tendríamos los problemas que hoy estamos viviendo con diferentes movilizaciones, manifestaciones de desconformidad con las acciones que toma el Gobierno. Además, nuestras autoridades, quienes ejercen esta responsabilidad, no conocen el territorio nacional y por eso es que genera niveles de leyes que perjudican sin tomar en cuenta", añade.
Garantizar la participación política de los pueblos indígenas u originarios es una tarea pendiente que debe ser retomada por las autoridades si se busca lograr una mejor representación en las elecciones del año 2026.
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La difusión de información falsa se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los países que quieren fortalecer la democracia, por el peligro que representa en la manipulación de la opinión pública. Pero, ¿qué ocurre cuando este fenómeno escala en la política y cómo termina afectando a los ciudadanos? Los detalles en el siguiente informe.
Karina Valencia Pantoja Periodista
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