Keiko Fujimori criticó a Martín Vizcarra, quien respondió asegurando que no entra a las confrontaciones. | Fuente: Presidencia / YouTube Fuerza Popular

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Entre todos los escenarios posibles, el que puede resultar más negativo para nuestro país es el del agravemiento de las hostilidades entre el Ejecutivo y el Legislativo. Como sabemos, la elección general del 2016 consagró a la fórmula presidencial de Peruanos por el Kambio y al mismo tiempo otorgó una amplia mayoría parlamentaria al opositor Fuerza Popular. El mensaje de Keiko Fujimori difundido por video este jueves parece constituir un nuevo paso en un rumbo de colisión.

La lideresa del partido fujimorista sugirió que el presidente pretende “distraer con propuestas populistas” y afirmó que las iniciativas presidenciales no corresponden a las necesidades del país. Keiko Fujimori concluyó refiriéndose a “golpes bajos y odios” e insistió en la necesidad de dejar de lado “el cálculo político”. Justamente “cálculo político” es lo que se reprocha a Keiko Fujimori, que tardó más de tres semanas en reaccionar ante el discurso presidencial del 28 de julio y que ahora parece explicitar su oposición al referendo propuesto por Martín Vizcarra.

Controversias estériles

Durante los últimos días hemos visto matices diferentes entre los congresistas de Fuerza Popular: algunos subrayan las imprecisiones y carencias de los proyectos presentados por el Ejecutivo que demandarían tiempo e ingeniería constitucional, mientras que otros parecen decididos a evitar el pedido que el presidente Vizcarra reiteró el jueves durante su visita a Puno.

Lo único seguro es que nuestro país no debe agotar sus energías en controversias tanto más estériles que los desafíos planteados por la corrupción se acumulan y se agravan. Por si faltaran pruebas, sólo el jueves hemos visto a un congresista persistir en su condición de prófugo de la justicia, a un juez superior pasar de su despacho a la cárcel, a un exministro denunciado por el Ministerio Público y al Fiscal de la Nación rechazado por el 94% de los encuestados informados.

Los mismos matices y vacilaciones de la bancada mayoritaria se han hecho sentir a propósito de la llamada Ley Mulder, cuya impugnación debe ser atendida hoy por el Tribunal Constitucional. El propio presidente del Congreso, Daniel Salaverry, sostuvo que la prohibición de difundir la acción de entidades públicas en publicaciones privadas no ha dado resultados y merece ser revisada.

Sin embargo, Keiko Fujimori parece haber optado por la línea dura al retomar las referencias a “los millones tirados en la publicidad” y al advertir: “No nos van a detener”. El Ejecutivo ha objetado la ley, así como 33 congresistas que defenderán su carácter anticonstitucional y discriminatorio ante la instancia encargada de velar por el respeto de los valores fundamentales.

Polémico pedido de pena de muerte

Una noticia alarmante nos llega de Arabia Saudita, uno de los aliados más estrechos de Estados Unidos en el Medio Oriente. La monarquía petrolera constituye uno de los regímenes más aberrantes en materia de igualdad de género y de recurso a la pena de muerte que esta vez ha sido solicitada para una activista chiita de derechos humanos, Israa al Ghongham, acusada de incitar a las manifestaciones durante la llamada primavera árabe del 2011.

La suerte de la activista saudita parece una trágica repetición de lo que vivió la escritora francesa Olimpia de Gouges, autora en 1791 de la primera Declaración de derechos de la mujer y la ciudadana. Camino a su ejecución por haber desafiado a Robespierre, una de las primeras feministas de la historia pronunció una frase que ha permanecido en la memoria colectiva de Francia: «Las mujeres podemos subir al patíbulo pero no tenemos derecho a ser elegidas como miembros del Parlamento ».

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