Ejecutivo promulga ley que modifica la extinción de dominio pese a reiterada oposición del Ministerio de Justicia

El Ejecutivo promulgó la norma impulsada por el Congreso que modifica el Decreto Legislativo 1373 o Decreto Legislativo sobre Extinción de Dominio. La ley fue publicada este viernes en el diario oficial El Peruano y lleva las firmas de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén. 

Vale indicar que esta modificación a la normativa sobre Extinción de Dominio fue rechazada unánimemente por las instituciones del sistema de justicia -Ministerio Público, Poder Judicial- desde su gestación en el Congreso, donde, finalmente, se aprobó en segunda votación, el pasado 10 de abril, con 42 votos a favor, 25 en contra y 10 abstenciones.

La autógrafa de la norma fue firmada por el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, el 29 de ese mes y derivada al Ejecutivo, que desde esa fecha tenía 15 días hábiles para observarla o promulgarla. No obstante, la ley fue oficializada por la jefa de Estado varios días antes de que venza ese plazo, pese a que el Ministerio de Justicia (Minjus), en tres ocasiones, advirtió riesgos para el país con su aprobación, ya que "beneficiaría" a las organizaciones criminales. 

Las advertencias del Ministerio de Justicia

El pasado 17 de diciembre, a pocos días de que el dictamen fuera aprobado en primera votación en el Congreso, el Minjus se pronunció en contra de modificar la normativa. En un comunicado difundido en redes sociales, indicó que la Extinción de Dominio "es una herramienta legal clave para recuperar bienes obtenidos de manera ilícita y destinarlos al servicio de la ciudadanía".

"La modificación aprobada representaría un quiebre en la lucha contra la criminalidad organizada ya que implicaría retornar al sistema de pérdida de dominio, el cual no fue eficiente. Desde la vigencia del DL 1373 al 2024, se tiene un acumulado de 3177 registros de bienes administrados por el Estado, demostrando ser una herramienta jurídica eficaz en la lucha contra los patrimonios ilícitos", indicaron.

Además, indicaba que el Pronabi administra los bienes recuperados, "destinándolos al beneficio de miles de peruanos".

"Este sistema no solo asegura que los bienes ilícitos sean retirados del circuito delictivo, sino que también convierte esos recursos en oportunidades para el progreso del país. Perder esta capacidad afectaría directamente a las comunidades que más necesitan de estas iniciativas", agregaron.

El segundo comunicado del Minjus rechazando la modificación se difundió el pasado 18 de febrero. En esa ocasión, el ministerio reiteró la importancia de la Extinción de Dominio, debido a "los importantes logros" para el combate de las organizaciones criminales.

"Rechazamos los intentos de limitar los alcances de la ley vigente, los que -de ser aprobados- beneficiarían directamente a organizaciones criminales y delincuentes que adquieren bienes que son utilizados para sus actividades ilícitas en perjuicio de la sociedad", advertían.

Finalmente, el pasado 11 de abril, el Minjus hizo un llamado al Congreso para "reconsiderar la votación del dictamen" debido a "los importantes logros que la aún vigente Ley de Extinción de Dominio ha tenido para el combate de este flagelo".

"Expresamos nuestra preocupación porque la modificación normativa es contraria a lo señalado por el artículo 53° 'Medidas para la recuperación directa de bienes' de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que el Perú ha suscrito, y es contraria con la cuarta recomendación 'Decomiso y medidas provisionales' del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)", aseveraron.

"En ese sentido, el dictamen aprobado pone en riesgo el proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), política de Estado que requiere la participación de todos los sectores, así como nos expone a ser incluidos en la lista de países con riesgo en inversión por la GAFI", agregaron.

No obstante, pese a todas estas advertencias del propio sector del Ejecutivo, la jefa de Estado no observó la autógrafa de ley, sino que optó por promulgarla. 

Fiscalía anunció demanda de inconstitucionalidad contra modificación de Extinción de Dominio

El fiscal adjunto supremo titular Mirko Cano, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio, en una entrevista para RPP del pasado 12 de abril, anunció que de promulgarse la modificación a dicha herramienta legal, su institución presentaría una acción de inconstitucionalidad contra la norma ante el Tribunal Constitucional (TC), aunque dijo que esto no paralizaría sus efectos negativos.

"Definitivamente [presentaremos la acción], esta norma es inconstitucional, pero usted sabe los efectos. Con una ley promulgada, ¿los fiscales qué tenemos que hacer? Cumplirla. ¿Qué tenemos que hacer? Archivar. ¿Qué tenemos que hacer? Entregar los bienes. En otras palabras, se perdió todo lo que habíamos avanzado en todo este tiempo", resaltó.

"¿Cómo pueden atacar al mejor sistema que está dando buenos resultados con sentencias y recuperación de activos ilícitos? Lo atacan y lo dejan moribundo", expresó.

Cano Gamero indicó que, si bien "toda ley y toda norma es perfectible", pues se debe "ir mejorando lo que es proporcionalidad, lo que es razonabilidad, lo que es establecer qué se trata o jurisprudencialmente qué es la buena fe", los operadores de justicia no han sido tomados en cuenta al momento de elaborar el dictamen.

"Tenemos reuniones constantes con el Poder Judicial, Policía, Controlaría, la Procuraduría Pública, el Ministerio Público y hemos hecho algunas propuestas, pero no se han tomado en cuenta. Es decir, los operadores no nos han dicho absolutamente nada", aseveró. 

Un día antes, el 11 de abril, el Ministerio Público emitió un comunicado en el que pidió a la presidenta Boluarte observar la autógrafa de la ley, ya que la Extinción de Dominio ha permitido en los últimos años "obtener resultados positivos en la lucha contra los delitos ambientales, el lavado de activos y la corrupción de funcionarios".

La Fiscalía acotó que dicho dispositivo cumple con los compromisos internacionales asumidos por el Perú a través de las Convenciones de Palermo y Mérida, así como los parámetros establecidos por las Naciones Unidas en materia de extinción de dominio.

"Por ello, constituye una herramienta legal eficaz en la lucha contra la criminalidad organizada, que actualmente aqueja a nuestra sociedad, la cual viene siendo víctima de delitos de alta peligrosidad como la extorsión, el sicariato, el secuestro, cuyas ganancias ilícitamente obtenidas no deben ser aprovechadas por los autores o partícipes de dichos delitos", sostuvo.

La Fiscalía remarcó la necesidad de contar con herramientas legales efectivas para combatir el crimen organizado, como la Ley de Extinción de Dominio, "cuya mejora puede evaluarse, pero sin comprometer la esencia que la convierte en una pieza clave en la defensa de la legalidad y la justicia".