Entre 2011 y 2014 hubo 153 conflictos sociales vinculados a los recursos hídricos en Perú, la mayoría de los cuales ocurrieron en zonas rurales y de bajos ingresos económicos, según un informe divulgado por la Defensoría del Pueblo.
Los principales actores demandantes en estos conflictos son las comunidades campesinas (en 66 casos); los frentes de defensa y los comités de lucha (en 57 casos); y los centros poblados y los caseríos (54 casos), señaló el informe "Conflictos sociales y recursos hídricos" presentado por el defensor del Pueblo, Eduardo Vega.
El principal reclamo es la protección de este recurso y la forma de encontrar remedio por la afectación de ríos, lagos y lagunas, indicó el informe.
Las contrapartes en estos conflictos suelen ser empresas petroleras o mineras que planean iniciar actividades o realizan operaciones extractivas en zonas dedicadas tradicionalmente a la agricultura y la ganadería.
El Defensor del Pueblo planteó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y al Ministerio de Agricultura y Riego aprobar la creación de los consejos de recursos hídricos de cuenca, que sean propuestos por los gobiernos regionales con la finalidad de prevenir los conflictos sociales vinculados a los recursos hídricos.
Hasta la fecha, solo se han constituido seis que involucran a las jurisdicciones de ocho gobiernos regionales, indicó el informe.
En relación a las entidades del Poder Ejecutivo que han intervenido en calidad de actores en estos conflictos destacan el Ministerio de Energía y Minas en 77 casos; la Autoridad Nacional del Agua en 35 casos; y la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, en 29. EFE
