por Redacción RPP
·El exministro David Tuesta advirtió sobre el impacto de medidas populistas en las finanzas públicas, mientras que la titular del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, subrayó la necesidad de coordinación entre el Ejecutivo y el Congreso para evitar normas con alto costo fiscal.
El presidente del Consejo Privado de Competitividad, David Tuesta, y la titular del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, ofrecieron sus reflexiones después de haber participado en la instalación del Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible, una iniciativa del Poder Ejecutivo.
En Enfoque de los Sábados, ambos expresaron sus preocupaciones sobre el impacto fiscal de recientes iniciativas legislativas y coincidieron en la necesidad de una mayor coordinación entre el Ejecutivo y el Congreso.
Tuesta sostuvo que la dificultad del Estado para responder a las demandas sociales tiene una causa estructural vinculada a la falta de continuidad en las políticas de crecimiento.
“La razón de fondo, en general, de que no se puedan atender las demandas que existen y que requerimos como país emergente es que no ha habido una continuidad en las políticas de crecimiento, en esas reformas que se necesitan, fundamentalmente desde la última década”, afirmó.
En ese escenario, el economista advirtió sobre lo que calificó como un uso desbordado de medidas populistas que repercuten en el erario.
“Lo que hemos observado hasta la fecha es un despliegue desbordado de medidas populistas, cuando es cierto que hay reclamos sociales”, señaló, al tiempo que remarcó que el actual es un gobierno de transición que debe actuar con firmeza frente a estas iniciativas.
A modo de ejemplo, el también exministro de Economía mencionó los proyectos relacionados con pensiones y carrera magisterial que se encuentran en evaluación por insistencia en el Congreso.
“La más llamativa es la de las pensiones, la carrera magisterial, la pensión mínima, que se tiene que ajustar en función al sueldo base, que actualmente está alrededor de 3.300 soles”, indicó.
Según precisó, el costo de estas medidas ascendería a 7 000 millones de soles anuales, de acuerdo con el Consejo Fiscal.
En ese contexto, remarcó que el Ejecutivo debe llegar “hasta las últimas consecuencias” para frenar normas que comprometan la sostenibilidad fiscal.
Asimismo, destacó el reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de coordinación entre el Congreso y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
“Este espacio de coordinación que tiene que existir debería dársele algún tipo de marco institucional, para que ninguna norma salga sin ese visto bueno por parte del Ejecutivo”, afirmó.
Ejecutivo debe analizar iniciativas que pongan en riesgo la sostenibilidad fiscal
Por su parte, la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, resaltó que uno de los temas más relevantes abordados en la reunión fue el impacto fiscal del pase de trabajadores del régimen CAS al régimen 728.
“Lo que se puso en el tapete, sobre todo por el Consejo Fiscal, era que hay varias instituciones, decía como 50 del Estado, que van a pasar del régimen CAS al régimen 728, lo cual supone una suma grande de dinero”, señaló.
No obstante, Pacheco consideró que se trata de una deuda pendiente del Estado en materia laboral.
“Esta era una tarea importante de hacer, porque el Estado muchas veces es el principal empleador, pero no cumple con respetar derechos laborales básicos”, afirmó, subrayando la necesidad de compatibilizar la sostenibilidad fiscal con la justicia social.
La magistrada coincidió con Tuesta en la importancia de una actitud activa del Ejecutivo frente a normas aprobadas por insistencia.
“Tiene que haber una actitud del Ejecutivo activa frente a estas situaciones; puede observar una norma y, aun así, por insistencia es aprobada”, indicó.
Recordó además que el TC ya ha declarado inconstitucionales normas en gobiernos anteriores precisamente por la falta de coordinación con el MEF.
Cabe precisar que la instalación del Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible busca generar consensos entre el Ejecutivo, el Legislativo y otras instituciones para proteger la estabilidad macroeconómica y sentar bases de crecimiento que trasciendan los ciclos políticos.
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