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Ruiz explicó que, para que el Estado pueda tomar una decisión que implica sanción, se deben respetar dos garantías del debido proceso. En primer lugar está la Garantía de Ley previa, es decir, saber cuál es la conducta infractora. La segunda garantía corresponde al Principio de Taxatividad donde se describa la conducta en cuestión. 

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El abogado del IDL manifestó que el Amicus Curiae (informe jurídico) se presentó debido a que no se han cumplido con las dos garantías puesto que el pedido de vacancia se está realizando bajo el supuesto de permanente incapacidad moral sin realmente acotar qué implica este término. Con respecto al debate de hoy, Ruiz enfatizó que "independientemente que hoy el Congreso vote o no vote", el TC analizará la situación y concluirá con la invalidez del pedido

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Cabe resaltar que el TC debe realizar este proceso con celeridad para evitar situaciones de ingobernabilidad pero sin afectar las garantías del debido proceso, ya que el Congreso también debe ejercer su Derecho a la Defensa.

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