Julio Corcuera, exviceministro de Seguridad, cuestionó el reglamento de la Ley 32490, emitido ayer, domingo, ya que, según indicó, no dota de presupuesto a las entidades encargadas de perseguir el crimen y redunda en acciones que ya están contempladas en planes de organismos públicos.
El Ejecutivo emitió ayer, domingo, el decreto supremo que establece medidas complementarias a la Ley 32490 -o Ley que establece medidas extraordinarias contra los delitos de extorsión y sicariato en las empresas de transporte público y de mercancías- con el fin de "fortalecer la seguridad operativa del servicio de transporte, la protección de trabajadores y usuarios, y la continuidad del servicio, mediante mecanismos de coordinación interinstitucional, certificación de seguridad y apoyo a la recuperación económica".
En edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, el Gobierno dispuso así lo que sería el reglamento de la referida norma, promulgada el pasado 3 de noviembre, cumpliendo así con lo anunciado en los días previos por el presidente José Jerí, quien había asumido la falta de dicha reglamentación como un "jalón de orejas", y se había comprometido a oficializarla este fin de semana, en el marco del reciente paro de transportistas.
Al respecto, el abogado Julio Corcuera, exviceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior (Mininter), en diálogo con RPP, cuestionó el dispositivo emitido ayer al considerar que "no parece cambiar nada", además de señalar que redunda en una serie de acciones ya contempladas en planes operativos de determinadas entidades públicas.
"Salió ayer este reglamento, digamos, no precisamente con ese nombre, y ciertamente no parece cambiar nada o tener ningún tipo de arista en la que uno pueda tener una prospectiva optimista", sostuvo.
"¿En qué medida esto va a cambiar la realidad si estas son facultades que ya existían?"
Corcuera Portugal señaló que el mismo decreto indica que lo dispuesto no implicará gasto adicional del presupuesto público, cuando, según señaló, la falta de dichos recursos es parte del problema para combatir la criminalidad.
"El artículo número dos de este decreto indica claramente que estas medidas no representarán ningún gasto adicional del Estado. Por tanto, las precariedades que tiene la Policía o el Ministerio Público o cualquier ente del Ejecutivo para atender este problema se mantienen. Voy a dar solamente una cifra concreta. El plan Mariano Santos indicaba que, para que la Policía actúe en estándares mínimos, tiene que cubrirse una brecha de 18 mil millones de soles, solo para mínimos. Entonces, el problema de fondo de la brecha económica no se salva", destacó.
Además, sostuvo que el texto apunta a acciones que, sin necesidad de un reglamento, las entidades implicadas en combatir el flagelo criminal deberían estar haciendo. Asimismo, consideró que el dispositivo sería "redundante" en disponer acciones que ya están contempladas en cada organismo.
"La otra parte del texto implica que se atienda el problema del transporte público. Entonces, pide que coordinen las autoridades del transporte, con la Policía, con UIF. Pero, para hacer esas coordinaciones, no se necesita esperar ni un reglamento ni una ley. De plano, las facultades del Ejecutivo permiten esto", señaló.
"[Dice] que UIF supervise, [pero] no da mayor detalle alrededor de la supervisión, y sí hay algunas cosas que me parecen, no sé si redundante es el término más adecuado: la necesidad de que la Policía identifique paraderos, rutas de riesgo, que se plantee el observatorio, [pero] esa es la labor de la Policía, diaria y permanente, no es algo que requiera reglamentarse, y yo estoy seguro de que se ha venido haciendo y se hace siempre", manifestó.
El exviceministro incidió también en que el reglamento "habla en términos absolutamente generales", por lo que podría ser considerado como una "fachada" sin medidas sustanciales.
"Lo que trato de decir es que todo eso es, más o menos, como lo que usted ha escuchado con anterioridad [...] Es el titular y detrás del titular usted no encuentra [nada]. ¿Recuerda usted aquella denuncia que hubo alguna vez de una universidad que ponía una fachada y detrás de la fachada no había nada? Es algo así esta norma. Detrás de eso, usted no encuentra nada que en las normas originarias de UIF, SBS y demás puede encontrar", acotó.
"Yo he tenido la oportunidad de ser funcionario público también [y], para hacer todo eso, no se necesita un reglamento, no se necesita una ley, las capacidades mismas lo brindan. Ese es el punto del asunto. Lo que trato de decir es [que], si nosotros estamos esperando que para hacer las funciones saquemos una ley y aparezca una ley, ese tiempo que se espera es jugar con la expectativa del ciudadano, romper la confianza y finalmente, ¿en qué medida esto va a cambiar la realidad si estas son facultades que ya existían?", enfatizó.
Asimismo, Julio Corcuera indicó que el decreto señala el uso de georreferenciación y de mapas del delito, cuando esas "son prácticas bastante antiguas en la Policía".
"Yo tuve la oportunidad de trabajar en Naciones Unidas hace varios años y vinimos en una misión, en el 2016, justamente a ver ese tema en diversas partes de Sudamérica, incluido por supuesto el Perú, y es algo que cuando nosotros lo discutimos en el 2015, con el afán de apoyar a la institución policial, la Policía nos decía que lo tenía [de] mucho tiempo atrás, y yo doy fe que, desde hace, al menos, quince años, los mapas del delito existen. Entonces, no se está descubriendo la pólvora", comentó.
Cabe resaltar que, entre las medidas extraordinarias que dispone el decreto, se señala "elementos tecnológicos de seguridad como el sistema de vigilancia, cámaras o botones de pánico integrados al Sistema de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo, Cibernética e Inteligencia (C5i) o el que haga sus veces, entre otros". No obstante, Corcuera Portugal consideró que no se está contemplando el software especializado para combatir las redes criminales.
"Yo no logro entender algunas cosas, y lo digo con el mayor respeto en términos nacionales. Como se puede obtener información del crimen, en este momento, es a través de sus equipos tecnológicos, de los celulares. Para eso se requieren equipos como el UFET, por ejemplo, o se requieren software como el CELEBRATE, aparatos para poder obtener esta información. Esto cuesta, más o menos, todo equipado, 200 mil soles [y] en el Perú hay uno o dos, no hay más que eso", indicó.
"Con esa poca capacidad tecnológica, ¿cómo podemos atender el sinnúmero de casos? Y está centralizado en Lima. Entonces, si ocurre en Tumbes, si ocurre en Piura y el norte, que es el más afectado, esto requiere un proceso de cola y espera. Hay toda una brecha enorme en términos de tecnología. Yo mencionaba el monto de 18 mil millones de soles, pero el monto para estar óptimos es de 30 mil millones de soles", explicó.
Finalmente, el especialista señaló que estamos en un escenario "en el cual Petroperú ha recibido subsidios por sobre los 24 millones de soles", por lo que también se podría destinar los fondos necesarios a atender el actual problema de criminalidad.
"Hemos comprado un avión que está muy bien, digamos, proteger la defensa nacional, pero esto es sumamente urgente. Respecto al crimen la situación es bastante crítica. Yo no creo que este sea un problema de seguridad ciudadana, sino creo que pasamos de un problema de seguridad ciudadana a seguridad nacional, porque donde el crimen tiene control territorial influye en este proceso electoral", concluyó.
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