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El jefe del Estado Mayor de la PNP indicó también que cuentan con información de personajes que "ocupan algunos cargos" y que estarían financiando e instigando las recientes protestas de mineros artesanales e informales.
El general PNP Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la Policía, se pronunció en torno a los hechos de violencia registrados ayer, viernes, en Chala, provincia de Caravelí, Arequipa, donde manifestantes mineros se enfrentaron a efectivos policiales, luego de que las fuerzas del orden liberaran un tramo de la Panamericana Sur que se encontraba bloqueado por los protestantes.
Como se sabe, la Gerencia Regional de Salud (GERESA) de Arequipa confirmó que, en la zona de los disturbios, un taxista de 27 años murió con una herida en el pecho. La víctima, según indicó la GERESA, llegó al Centro de Salud de Chala sin signos vitales.
Al respecto, Arriola dijo que "se han realizado las acciones en un uso gradual de la fuerza" y consideró que dos personas fallecieron en el contexto de las referidas protestas, refiriéndose también al conductor de un tráiler que, el último martes, murió tras caer por un acantilado de aproximadamente 400 metros de profundidad, en el kilómetro 780 de la Panamericana Sur, en el sector conocido como Mirador de Ocoña, en la provincia de Camaná, región Arequipa.
“Se han realizado las acciones en un uso gradual de la fuerza y se ha producido el deceso de otro peruano que lamentamos profundamente. A ambos peruanos las condolencias del caso. Y ahí se inician las investigaciones, en ambos casos […] Todo el mundo sabe de qué se tratan los reclamos […], no hay necesidad de alterar el orden público, pero si eso se produce, nosotros tenemos la obligación constitucional [de actuar]", señaló.
“Nosotros utilizamos gradualmente la fuerza. No es nuestro interés salir de nuestras casas para empuñar un arma y hacer uso de ella. Al contrario, estamos totalmente formados porque nuestra misión no es beligerante sino recuperar en los espacios y la tranquilidad y la paz pública”, agregó.
El jefe del Estado Mayor de la Policía remarcó que "cuando una persona o un grupo de personas deciden bloquear una vía de comunicación entra al terreno del delito, y es un delito que va en agravio de personas de elevada edad, de niños y mujeres que resultan siendo los más perjudicados, porque no logran soportar las temperaturas y, además, hay casos de urgencia”.
"La PNP respeta los derechos de todas las personas, pero cuando hay estas manifestaciones de violencia que van más allá del derecho de todo ciudadano a la libertad de reunión y de expresión, lo que conocemos como protestas, estas acaban cuando empiezan a atropellar y vulnerar los bienes jurídicos de las demás personas”, aseveró.
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"Tenemos basta información de personajes que sí pueden imaginarse quiénes son y ocupan algunos cargos"
Respecto a quiénes estarían detrás de las protestas, Arriola señaló que se cuenta con "basta información" de que personajes que "ocupan algunos cargos" habrían financiado e instigado las protestas mineras.
"Se mantiene en reserva, pero tenemos basta información de personajes que sí pueden imaginarse quienes son y ocupan algunos cargos. Sin embargo, se mantienen atrás, desde el financiamiento, desde la instigación, desde el planeamiento y la ruta de cómo realizar estas medidas de fuerza”, sostuvo.
Además, sobre los manifestantes que aún permanecen en Lima, el general de la Policía indicó que ya se cuenta con "un plan de operaciones y se va a actuar convenientemente, como siempre”. Asimismo, subrayó que las protestas mineras no son pacíficas y que la PNP actuó para evitar que se ingrese al Congreso.
"¿Esto es pacífico? La respuesta es no, no es pacífico. Nosotros estamos acá porque no podemos permitir que entren a la primera casa del Perú que es el Congreso, y vienen los palos, vienen las bombardas. La Policía nunca va a lanzar un gas lacrimógeno, jamás, si no hay una alteración. Primero, conversa, dialoga, invita para que guarden la distancia, para que no hagan tal o cual conducta […] y si rompe la violencia ahí se tiene que hacer el caso”, puntualizó.
Por otro lado, Máximo Ramírez de la Cruz, director general de la Defensoría del Policía, indicó a RPP que un total de 18 efectivos policiales resultaron heridos en los recientes disturbios de la protesta minera y que hay 8 personas detenidas.
"Son 18 efectivos policiales que han sufrido lesiones en diversas partes del cuerpo, al momento en que se realizaba este desalojo de las carreteras que estaban bloqueadas por estos mineros informales. Con relación a la cantidad de personas que se ha detenido, son 8”, aseveró.
“Son personas que estaban en ese lugar causando disturbios y afectando la tranquilidad pública. Están plenamente identificados y están siendo investigados por delitos [que] son delito contra la tranquilidad pública-disturbios, que lleva una pena de 5 a 10 años; contra el patrimonio-extorsión, la figura más simple es de 10 a 15 años; y delitos contra la administración pública a una pena de 8 a 12 años de pena privativa de la libertad”, acotó.
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