Rodolfo Pérez, abogado de la magistrada, calificó el proceso parlamentario como un "acto de discriminación y direccionamiento", y argumentó que Espinoza no firmó la resolución cuestionada en la denuncia constitucional.
La fiscal suprema suspendida Delia Espinoza Valenzuela solicitó formalmente la intervención del Defensor del Pueblo ante lo que considera una violación de sus derechos constitucionales y una arbitrariedad cometida por el Congreso de la República.
Esta medida se produce luego de que la Comisión Permanente aprobara el informe final que recomienda su inhabilitación por un período de 10 años para el ejercicio de la función pública, acusándola de una presunta infracción constitucional.
Rodolfo Pérez, abogado de la magistrada, explicó que el recurso se ampara en la obligación constitucional de la Defensoría de velar por los derechos de la ciudadanía frente a los abusos del poder.
“El pedido se sustenta en el hecho de que la Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional autónomo que defiende los derechos fundamentales de las personas. Y cuando hay vulneraciones de derechos fundamentales por parte de entidades públicas, en este caso, el Congreso de la República”, manifestó la defensa legal.
"Es imposible que esté comprendida"
El abogado denunció irregularidades de fondo en el proceso parlamentario. Según Pérez, el Congreso está sometiendo a Espinoza a un "juicio político" de manera arbitraria, basándose en un hecho administrativo en el que, asegura, ella no participó.
“La doctora lo que está advirtiendo en su caso es que el Congreso, de forma arbitraria, de forma inconstitucional, la está sometiendo a un juicio político. La doctora no ha firmado la resolución que dice la denuncia constitucional es el sustento para inhabilitarla”, argumentó Pérez.
En esa línea, la defensa sostiene que carece de lógica jurídica incluirla en la acusación. “Es imposible que pueda estar comprendida en ese proceso. Eso, evidentemente, constituye un acto de discriminación y de direccionamiento del juicio político en contra de ella”, agregó.
Cabe recordar que el informe aprobado por la Comisión Permanente deberá ser ratificado por el Pleno del Congreso para que la sanción de inhabilitación se haga efectiva. Mientras tanto, Espinoza busca agotar todas las vías institucionales para frenar lo que califica como un atropello.
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