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El Poder Judicial decidió prorrogar la medida contra el ex primer ministro del gobierno de Pedro Castillo, al considerar que "el peligro de fuga permanece latente". Además, informó que Torres Vásquez "se allanó al requerimiento".
Judiciales
Aníbal Torres es investigado por el presunto delito de rebelión a causa del golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo, el pasado 7 de diciembre
El Poder Judicial dispuso prorrogar por 18 meses la medida de impedimento de salida del país contra el expresidente del Consejo de Ministros y exministro de Justicia, Aníbal Torres, investigado por el presunto delito de rebelión a raíz del fallido golpe de Estado por parte del expresidente Pedro Castillo.
La disposición fue emitida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Juan Carlos Checkley Soria, quien consideró que el referido plazo es prudente y proporcional, ya que "el peligro de fuga permanece latente".
"Este Juzgado considera que, atendiendo que el proceso se encuentra en pleno desarrollo de la audiencia de control de acusación (...), requiriendo la fiscalía (que) se le imponga una pena de quince años, ello debe tenerse en consideración; dado igualmente el delito por el cual se le pretende llevar a juicio, como atentar contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional, rebeldía, [por lo que] el peligro de fuga permanece latente", resolvió el magistrado en su fallo.
"Hay circunstancias además que se encuentran pendientes de continuar, con las sesiones de control de acusación, escuchar solicitudes de sobreseimiento, y si fuera el caso los siguientes pasos del control de acusación; así como la probabilidad de un juicio oral. Ello tomará un tiempo que debe ser razonable, y por ello el plazo de dieciocho meses se considera prudente y proporcional", agregó.
Cabe resaltar que, según la judicatura, la defensa de Torres Vásquez se allanó al pedido formulado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.
#LoÚltimo Poder Judicial dispuso la prolongación de la medida de impedimento de salida del país por 18 meses adicionales contra el expremier #AníbalTorres, investigado por el presunto delito de #Rebelión, a raíz de los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022. pic.twitter.com/a6m6aYFrJV
— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) July 12, 2024
Pleno del Congreso rechazó informe que planteaba inhabilitar a Aníbal Torres por 10 años
El pasado 10 de abril, el pleno del Congreso rechazó acusar constitucionalmente e inhabilitar por diez años para ejercer cargos públicos al expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres por realizar sesiones descentralizadas “sin marco constitucional y legal” y azuzar contra el Parlamento durante la gestión de Pedro Castillo.
Este proyecto de resolución legislativa culminó con 55 votos a favor, 18 en contra y 9 abstenciones; por lo tanto, no fue aprobada al no alcanzar los dos tercios requeridos, es decir, 67 votos.
En ese sentido, la Representación Nacional rechazó acusar al ex primer ministro por infracción a los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución y los presuntos delitos de motín, conspiración para una rebelón, sedición o motín, omisión de resistencia a la rebelión, entre otros.
El informe final de la denuncia constitucional 290 fue sustentado por la titular del Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones (Alianza para el Progreso), y la congresista de Fuerza Popular, Martha Moyano, quien es la delegada del caso. La propuesta fue aprobada previamente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente.
La denuncia constitucional fue presentada en agosto del 2022 por el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, por las declaraciones del ex primer ministro en las que invocaba a organizaciones sociales a tomar acciones violentas contra la oposición en el Congreso y los ciudadanos que criticaban al entonces gobierno de Pedro Castillo.
“Si cada uno con esa energía que tienen, con esa capacidad que tienen, con esa voluntad para defender sus intereses, de sus hijos y de los hijos de sus hijos, que trajeran a Lima 50 personas cada uno. Entonces harían arrodillar a los golpistas, los obligarían a que tengamos una Constitución que beneficie a todos los peruanos y no solamente a una determinada clase, a un sector del poder económico”, clamó Torres.
Durante su intervención en el pleno, el expremier señaló que sus expresiones estuvieron amparadas en la libertad de expresión y, además, dijo que “no se ha tenido en cuenta” cuando, durante la campaña presidencial del 2021, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, pidió la muerte del entonces candidato Pedro Castillo y del ahora prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.
PEDRO CASTILLO DA UN GOLPE DE ESTADO
Mientras se desarrollaba la sesión de la comisión de fiscalización del congreso, Salatiel Marrufo revelaba que el presidente Pedro Castillo había recibido dinero de manera ilícita, el mandatario dio un mensaje a la nación en donde cerraba el congreso e instauraba un gobierno de emergencia, en donde gobernaría mediante decretos de urgencia.
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Luis Felipe Rodriguez Jimenez Redactor web / Periodista
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