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La fiscal de la Nación, acompañada de los fiscales supremos, indicó que la modificación a la extinción de dominio nos coloca a nivel mundial "como un país en franco y claro retroceso en la lucha contra la criminalidad organizada".
La Junta de Fiscales Supremos, encabezada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se pronunció este lunes sobre la reciente promulgación de la norma que modificó la ley de extinción de dominio, herramienta a través de la cual se podía decomisar bienes obtenidos ilícitamente.
Como se sabe, el último sábado, el Ejecutivo promulgó dicha norma impulsada por el Congreso, que establece que dicho proceso solo podrá aplicarse en casos en que haya sentencia firme y definitiva, excepto para casos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, contrabando, defraudación aduanera, defraudación tributaria, minería ilegal, estafa y delitos informáticos contra el patrimonio.
Además, indica que la extinción de dominio "prescribe en cinco años contados a partir de que la sentencia ha quedado firme y consentida o de la emisión del laudo".
Al respecto, la titular del Ministerio Público expresó su "rotundo rechazo" a esta ley y advirtió que los cambios al proceso de extinción de dominio afectarán a más de 2 mil casos a nivel nacional.
"Con la modificación aprobada se deberá contar con una sentencia firme y consentida, luego de un proceso largo, pues demora mucho tiempo, para que recién el Estado pueda iniciar el proceso de intervención en la propiedad o tenencia de activos ilícitamente adquiridos de quienes están siendo procesados por delitos de mucha gravedad, como son corrupción de funcionarios, lavado de activos, delitos contra el medioambiente y la criminalidad organizada", señaló.
"De los 5753 casos de extinción de dominio se afectarán negativamente 2374 casos. Esto significa que 2374 delincuentes y testaferros seguirán disfrutando impunemente de sus bienes, sus ganancias, el dinero obtenido de sus actividades ilícitas, recapitalizando e invirtiendo nuevamente para fortalecer aún más sus organizaciones criminales", agregó.
Asimismo, Espinoza Valenzuela indicó que otro de los aspectos graves que genera la promulgación de esta ley "es que el sistema de administración de justicia habrá trabajado en vano, pues el Estado tendrá que devolver propiedades y dinero, así como tendrá que desbloquear cuentas embargadas dentro y fuera del territorio nacional, que pertenecen a personas vinculadas a los delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos, contra el medioambiente y la criminalidad organizada, así como a sus testaferros, cuando no exista una sentencia firme y consentida".
"Invocamos al Congreso y al Poder Ejecutivo a recapacitar sobre esta nueva ley"
La fiscal de la Nación indicó que la norma fue aprobada por el Ejecutivo "sin ninguna observación" y que "no ha tomado en cuenta los sustentos, opiniones ni recomendaciones técnicas realizadas desde el Ministerio Público, así como por otras instituciones que expresaron oportunamente su preocupación y alertaron sobre esta peligrosa modificación".
Cabe resaltar que la jefa de Estado promulgó la ley antes del plazo para observarla y sin considerar las reiteradas observaciones del Ministerio de Justicia.
"La ley ha sido promulgada sin respetar los compromisos internacionales asumidos por el Perú a través de las convenciones de Palermo y Mérida, así como los lineamientos establecidos por las Naciones Unidas en materia de extinción de dominio y recuperación de activos ilícitos a nivel internacional. Eso nos coloca a nivel mundial como un país en franco y claro retroceso en la lucha contra la criminalidad organizada, anulando la reputación, la buena imagen y el reconocimiento internacional que durante años habíamos logrado", sostuvo.
"Lamentamos que el Poder Ejecutivo no haya considerado el contexto de elevada violencia e inseguridad que atraviesa nuestro país, perjudicando una vez más, con esta aprobación y promulgación, la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada que flagela nuestra sociedad", agregó.
Ante ello, Espinoza invocó al Ejecutivo y al Congreso a "recapacitar" sobre la vigencia de este cambio en la normativa.
"Invocamos al Congreso y al Poder Ejecutivo a recapacitar sobre esta nueva ley a fin de evitar el retroceso en la lucha contra la corrupción, lavado de activos, el crimen organizado y delitos medio ambientales, tal como ocurrió en su momento y luego de una fuerte campaña impulsada desde el Ministerio Público sobre la ley que había derogado la detención preliminar judicial en casos de no flagrancia y que, felizmente, el Congreso decidió restituir, aunque luego de varios meses. En este caso, esperamos que sea lo más rápido posible por el bien de la justicia", refirió.
Finalmente, la titular del Ministerio Público indicó que si bien "desde todo el país se viene exigiendo a las instituciones y, específicamente, a los funcionarios responsables y honestos que trabajemos de forma conjunta, unificando esfuerzos para hacerle frente a la criminalidad en sus distintas manifestaciones", con reformas como la referida a la extinción de dominio "el mensaje dado es totalmente opuesto a lo que pide y se merece la población".
"El crimen organizado está matando, secuestrando y extorsionando a miles de personas en el país, no podemos retroceder. Tenga la seguridad toda la población que, desde el Ministerio Público, no lo vamos a permitir", puntualizó.
🚨 #Urgente | La Junta de Fiscales Supremos se pronuncia sobre la Ley 32326, que modifica la Ley de #ExtinciónDeDominio y que pone en riesgo la lucha contra la corrupción, crimen organizado, lavado de activos y delitos medioambientales. #InfórmateBien pic.twitter.com/QgnZHxEoLi
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) May 12, 2025
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Luis Felipe Rodriguez Jimenez Redactor web / Periodista
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