Fiscalía realiza diligencias en la JNJ tras denuncia de presuntas contrataciones irregulares en la entidad

Personal del Ministerio Público llegó hasta la sede principal de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para iniciar diligencias, tras la denuncia periodística que reveló presuntas contrataciones irregulares en la Dirección de Procedimientos Disciplinarios (DPD) de dicha entidad. 

La intervención fiscal es llevada a cabo por la Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima (6.° Despacho), por el presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado. 

La diligencia, que se encuentra en desarrollo, implicaría reunir los contratos y curriculums de los trabajadores de dicha dependencia de la JNJ, tras conocerse que 7 personas se habrían coludido para ingresar a la entidad, a través de certificados de trabajo expedidos por los mismos centros de labores. 

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La respuesta de la JNJ

Horas antes de iniciarse la intervención del Ministerio Público, la JNJ emitió un comunicado en el que indicó que la contratación de los 7 funcionarios se realizó con un "procedimiento público y transparente".

"(El proceso) está regulado por una directiva interna y tiene varias etapas, como la evaluación curricular, evaluación de conocimientos y entrevista personal", indicó la entidad.

"Los procesos de selección para contratación administrativa de servicios (CAS), de los profesionales a los que se hace referencia, se realizaron entre el 2020 y el 2022 sin que se hayan presentado observaciones", agregó. 

Asimismo, la JNJ indicó que los señalados funcionarios "cumplen funciones de apoyo en la DPD, respecto de notificaciones, verificación de plazos, distribución de expedientes y reportes, entre otros".

"Las investigaciones y procedimientos disciplinarios a jueces y fiscales están, exclusivamente, a cargo de los despachos de los Miembros Titulares del Pleno de la JNJ", remarcó.

No obstante, resaltó que "la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la JNJ ha iniciado ya investigaciones sobre los hechos señalados, a fin de determinar responsabilidades si fuere el caso, debiendo emitir el informe y las recomendaciones pertinentes en el más breve plazo". 

¿Cómo operaba el círculo de amigos?

Según el dominical Punto Final, el abogado Frank Fernández Echevarría, ingresó a la JNJ como practicante y escaló posiciones hasta obtener una plaza mediante la modalidad de contrato CAS, con el cargo de analista. Por dichas funciones, percibe una remuneración de S/8 mil mensuales desde el pasado 22 de setiembre.

No obstante, para obtener el puesto, Fernández presentó dos constancias de trabajo como abogado de la cevichería “La Tremenda Corte II”, y como personal del área legal de un gimnasio llamado “Millenium”.

Tras lograr el contrato, la citada dirección de la JNJ contrató a 7 allegados a Fernández. Entre ellos, Johan Castillo de la Cruz, quien consiguió una orden de servicios de S/ 10 mil por 45 días de trabajo y un contrato CAS por S/ 4 mil mensuales entre 2021 y 2022. Su función fue armar y revisar expedientes. Lo llamativo es que se trata del fundador de la cevichería "La Tremenda Corte II". 

Cuando Castillo culminó su contrato CAS, la JNJ contrató a su hermana, Linda Castillo de la Cruz, por seis meses, por un pago de S/ 36 mil. Según el dominical, la joven es enamorada de Frank Fernández y se le encargó la revisión y calificación de denuncias contra jueces supremos. 

Linda Castillo también adjunto en su currículum que fue abogada de la cevichería “La Tremenda Corte” y laboró en el gimnasio “Milenium”. 

Otro funcionario conocido de Fernández que consiguió empleo en la JNJ fue Claudio Valdera Bohorquez, quien obtuvo una orden de servicios de S/ 10 mil por un trabajo de 45 días que consistió en verificar que los expedientes físicos de la Dirección de Procesos Disciplinarios cuenten con una versión digital.

Este joven aseguró haberse desempeñado previamente como administrador del gimnasio “Millenium”, que le pertenece a su mamá, Edith Bohorquez Carrillo. En el reportaje se conoció que ella firmó las constancias de trabajo de Fernández y Linda Castillo.

Un involucrado más es el abogado Rayan Calderón Bringas, analista en la JNJ con un salario de S/ 6 mil mensuales. En su currículum vitae señaló haber trabajado en la supuesta área legal del gimnasio “Millenium”.

La abogada Milena Aguilar Valle es otra funcionaria que obtuvo órdenes de servicios en la misma dirección entre marzo de 2022 y agosto pasado. Es amiga de Frank Fernández desde que fueron estudiantes en la facultad de Derecho de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ella se encargó de revisar y calificar las denuncias contra fiscales de nivel inferior al supremo.

Por último, el abogado Edson Villarroel Beraún, otro amigo de Fernández, obtuvo un contrato CAS en la JNJ por S/ 6 500. Su función fue distribuir los expedientes de denuncias entre los miembros de esa institución y redactar proyectos de calificación de denuncias.

La Dirección de Procesos Disciplinarios de la JNJ brinda soporte técnico y jurídico a la Comisión Permanente de Procesos Disciplinarios en la tramitación de denuncias, investigaciones preliminares y procesos seguidos contra jueces, fiscales y jefes de la ONPE y el Reniec.

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