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por Julio Cisneros
·El juez Leodan Cristóbal ordenó 36 meses de prisión preventiva contra Jorge Simoes Barata ante la presencia de sospecha fuerte sobre la presunta participación del investigado en el presunto delito de colusión agravada.
Judiciales
La defensa de Barata demanda que la instancia superior revoque la resolución impugnada y desestime el requerimiento fiscal de prisión preventiva
El exsuperintendente de Odebrecht en el Perú Jorge Simoes Barata pidió al Poder Judicial que se revoque el mandato de prisión preventiva por 36 meses que se le impuso por el caso Gasoducto Sur Peruano que involucra al expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia.
A través de su defensa legal, el empresario brasileño presentó un recurso de apelación contra la resolución que emitió el juez Leodan Cristóbal Ayala el último 7 de octubre en la que dictó dicha medida restrictiva en su contra.
El abogado de Barata sostuvo que dicho magistrado relativizó la comprobación del estándar probatorio, desconoció la inmunidad judicial reconocida por el Ministerio Público al imputado y negó la identidad de objeto, invocando equivocadamente el límite subjetivo de la cosa juzgada, lo cual vulnera directamente las garantías procesales constitucionales de defensa, la motivación cualificada del auto de prisión preventiva y la presunción de inocencia.
Por ello, la defensa demanda que la instancia superior revoque la resolución impugnada y desestime el requerimiento fiscal de prisión preventiva contra su patrocinado dentro de este caso.
Al respecto, el magistrado Leodan Cristóbal resolvió el último 25 de octubre "conceder" este recurso de apelación y remitirlo a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, instancia que si lo admite a trámite, deberá convocar a una audiencia virtual para evaluarlo.
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Resolución apelada
El juez Leodan Cristóbal ordenó 36 meses de prisión preventiva contra Jorge Simoes Barata ante la presencia de sospecha fuerte sobre la presunta participación del investigado en los seis actos de presunta colusión agravada en el contexto de los proyectos de inversión pública, conocidos como Proyecto Kuntur y Proyecto Gasoducto, pues, desde la fase de ejecución del primero hasta el otorgamiento de la buena pro del segundo, se habría materializado el pacto colusorio celebrado entre el imputado a nombre de la empresa Odebrecht con Ollanta Humala y Nadine Heredia.
El último 8 de julio, el despacho fiscal emitió un pronunciamiento respecto a la situación jurídica del imputado, en su condición de cómplice del delito de colusión agravada en perjuicio del Estado al haber favorecido a la empresa Odebrecht en la adjudicación del proyecto Gasoducto Sur Peruano, así como en la devolución de la carta fianza del proyecto Gasoducto Andino del Sur.
Según la Fiscalía peruana, Jorge Simoes Barata, en su declaración vía cooperación judicial, no reconoce los hechos fácticos materia de la investigación, apartándose de aspectos relatados en el marco de la colaboración eficaz que se encuentra en fase de ejecución.
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Julio Cisneros Periodista
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