El constitucionalista Joseph Campos indicó que luego del informe de fondo vendrían las recomendaciones y recién entonces podría abrirse la posibilidad de llevar el caso ante la Corte IDH.
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"Perú ha estado durante mucho tiempo como el país más sentenciado en la Corte Interamericana", dijo Campos
El abogado constitucionalista Joseph Campos explicó el proceso por el que debe pasar la demanda a favor del terrorista Víctor Polay Campos y precisó que se trata únicamente de un primer paso de cara a un informe de fondo. Además, indicó que solo luego de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se podría llevar el caso ante la Corte IDH.
"Esto comienza con una primera petición que fue rechazada. Luego hubo una segunda petición que presentó Javier Mujica Petit, Javier Valle-Riestra y otras personas que ha terminado en esto. En un primer momento fue declarada inadmisible parcialmente y ha terminado en lo que se denomina un informe de admisibilidad. Es el primer paso recién para evaluar el tema de lo que constituiría un informe de fondo. Y después de eso vienen recién las recomendaciones y luego de cómo se responden las recomendaciones recién habría posibilidad de ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos", dijo en Ampliación de Noticias.
"No tengo claro cuándo han colgado el informe porque muchas veces ocurre que hay fechas distintas entre la publicación y la notificación. Creo que el Perú ha estado durante mucho tiempo como el país más sentenciado en la Corte Interamericana, que por un lado dice algo malo y por otro, que somos activos usuarios del sistema. Creo que hay que tener cuidado, pero también establecer claramente que la respuesta estatal todavía no se puede dar", agregó.
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Conflicto entre Patricia Benavides y la Junta Nacional de Justicia
Por otro lado, Campos se pronunció sobre las demandas presentadas por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por abrir investigaciones en su contra. Ante ello, precisó que, así como pide que no se vulneren las competencias de las instituciones autónomas, debería también respetar esa facultad.
"Hay dos posiciones: una jurídica y una política. La jurídica es que, efectivamente, creo que corresponde apelar, es importante destacar lo que en mi lectura es una irresponsabilidad de aquellos magistrados, junteros, consejeros que salen a los medios a desarrollar condiciones que efectivamente puedan ser materia de una discusión que sirvió para la medida cautelar. Dicho esto, más lo que está pasando con el conflicto competencial en donde ella dice que la Junta afecta sus competencias cuando actúa como actúa investigándola, hay que ser coherentes", aseveró.
"Si ella destaca que hay una actuación que no tiene sentido, que afecta a sus competencias, ke exhorto que haga lo mismo, porque no puede ser que ahora, por más que tenga razón, hay un súper empoderamiento donde el Ministerio Público no es investigado, la fiscal de la Nación no es investigada y ella investiga cuando quiere y como quiere. Si ella dice que alguien ejerciendo arbitrariamente su competencia afecta la suya, yo le digo que materialmente es lo mismo que los otros. Es de lamentar que el Poder Judicial se use, no porque lo haga bien o mal, sino porque este tipo de situaciones debería comenzar con que el poder respete al otro poder y desarrollar las cosas de acuerdo a la Constitución y a la ley", finalizó.
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