El juez Juan Carlos Checkley dirigirá la audiencia reservada que se llevará a cabo el martes 5 de setiembre a las 11.30 a. m. como parte de las investigaciones contra Dina Boluarte y Alberto Otárola.
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La Fiscalía investiga a Dina Boluarte, Alberto Otárola y otros por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves
El Poder Judicial evaluará el martes 5 de setiembre si ordena a la Policía Nacional y al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas la entrega de información a la Fiscalía de la Nación sobre los planes de operaciones y la documentación elaborada por dichas instituciones para reestablecer el orden interno durante las movilizaciones sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023.
En una audiencia virtual reservada a realizarse desde las 11.30 a. m., el juez supremo Juan Carlos Checkley analizará el escrito presentado el último 25 de julio por la fiscal de Nación, Patricia Benavides, mediante el cual presenta un requerimiento de revelación de información como parte de la investigación preliminar seguida a la presidenta Dina Boluarte, el jefe del Gabinete Ministerial Alberto Otárola y otros por los muerte de ciudadanos y heridos registrados en estas movilizaciones sociales.
El magistrado convocó para este audiencia virtual reservada a los representantes de la Fiscalía de la Nación, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para que puedan exponer sus argumentos a fin de emitir una decisión al respecto.
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Investigación contra Dina Boluarte y Alberto Otárola
El juez supremo Juan Carlos Checkley, programó está diligencia luego de que la Policía Nacional y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas rechazaron, en su oportunidad, el requerimiento de la Fiscalía de la Nación al manifestar que se trataba de información "reservada y secreta", siendo ello confirmado por la Presidencia del Consejo de Ministros.
La Fiscalía de la Nación investiga a la presidenta Dina Boluarte, el jefe del Gabinete Ministerial Alberto Otárola y otros por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
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