Los abogados penalistas Wilfredo Pedraza, César Nakazaki y Carlos Torres Caro consideraron que en el juicio oral contra Susana Villarán por los aportes de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para la compaña contra la revocatoria en 2013 se concentrará en determinar si ha habido realmente una contraprestación de carácter ilícito.

En el día del inicio del juicio oral contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, los abogados penalistas Wilfredo Pedraza, César Nakazaki y Carlos Torres Caro coincidieron en que esta última etapa del proceso por los aportes de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para la compaña contra la revocatoria en 2013 podría durar entre tres y cuatro años.
"Es un caso complejo, abultado en términos probatorios. Si tomamos en cuenta el tiempo que tomó el juicio oral del expresidente Ollanta Humala, donde habían 11 investigados y una sola persona jurídica involucrada, duró tres años, 200 audiencias. Este caso me parece mucho más complejo por las personas involucradas. Entiendo que hay también 16 empresas que tienen relación con estos temas y un número alto de documentos. Calculo que esto va a tomar entre tres o cuatro años si se va a un ritmo de una o dos audiencias por semana", dijo Pedraza en Ampliación de Noticias de RPP.
En esa misma línea, Torres Caro estimó un tiempo similar de cuatro años, debido a la cantidad de actores y mecanismos que deberán actuar en el proceso.
"Estamos frente a un caso emblemático que tiene ocho años, porque esto se inició en 2017. Y todavía nos esperan cuatro años por delante, porque yo participo de la tesis de que, ante el volumen de testigos, la cantidad de imputados y los diversos mecanismos que tienen que actuarse en el transcurso de este proceso, sin duda alguna va a llevar largamente los tres años", aseveró.
¿Qué delitos podrían tener mayor solidez en el juicio oral contra Susana Villarán?
Para Wilfredo Pedraza, la vinculación de los aportes con la suscripción de adendas será fundamental para determinar la responsabilidad penal y el grado de culpabilidad de la exalcaldesa de Lima.
"El eje central del juicio oral no va a ser lavado de activos, sino la suscripción de adendas y si tienen vinculación con aportes. Una cosa es recibir aportes para campañas. Eso no constituía delito hasta 2019. Y otra cosa distinta puede ser haber recibido dinero con cargo a la suscripción de esas adendas, Rutas de Lima, Línea Amarilla", indicó.
"Un proceso de colaboración no concluido supone inexistencia al fallecimiento del postulante a colaborador. Lo que sí se podría leer es la declaración previa, aquella que dio en su condición de investigado", aseveró.
Por su parte, César Nakazaki descartó la posible participación del exsuperintendente de Odebrecht en el Perú Jorge Barata y enfatizó en que ello responde a la ruptura en las cooperaciones entre Perú y Brasil.
"El Estado de Brasil ha suspendido todo tipo de cooperación penal con el Perú por incumplimiento del Ministerio Público y la Procuraduría. Es ese marco de suspensión, no es posible que pueda dar un testimonio", expresó.
"Mientras que el caso del Partido Nacionalista, de Fuerza Popular, del APRA, de Renovación Popular (antes Solidaridad Nacional), que es un caso puro de aportes de campañas donde se discute si son o no lavado de activos, en el caso de la Municipalidad de Lima la hipótesis fiscal es que no se trató de aportes, sino de contraprestaciones. Recibe dinero a cambio de beneficios en los contratos de Odebrecht y OAS", enfatizó.
En cuanto a la actuación del testimonio del exgerente municipal José Miguel Castro, consideró que podría ser utilizado únicamente si este fue trasladado al proceso. De lo contrario, de no haber sido corroborado, no podrá ser actuado.
"El testimonio del señor Castro solo podría ser utilizado si es que fue trasladado de la colaboración eficaz al proceso penal. Porque si no hubiese tenido esa diligencia, las declaraciones que da un aspirante en su proceso especial, si es que no acaba favorablemente, se anulan, se destruyen", añadió.
Finalmente, Carlos Torres Caro mencionó que los delitos de asociación ilícita y colusión son los que tienen mayor solides en el inicio de este juicio oral.
"Hay un pequeño rosario de ilícitos penales que la Fiscalía está imputando. Quizá el más sólido tiene que ver con la asociación ilícita y la colusión, porque ahí hay elementos de prueba que puede argüir. Pero estamos ante un caso emblemático porque estamos ante una dicotomía en la que, si el resultado final es positivo para la justicia, vamos a tener un reconocimiento social de que estamos en una lucha veraz contra la corrupción. Pero si sale una absolución, el elemento de la persecución política va a tomar fuerza, no solo para este caso, sino para otros casos de larga data", advirtió.
"En el caso de colusión vemos claramente que ha habido un beneficio para la empresa, porque le fue otorgada prácticamente a dedo la concesión de la ruta", culminó.