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El fiscal José Domingo Pérez tildó de “sentencia histórica” la condena del Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional contra el expresidente Toledo. “Es un mensaje de que no debe haber impunidad en nuestro país; que los crímenes, la corrupción, se castiga y que la afectación al sistema de justicia, a los fiscales, a los jueces, no debe continuar y no debe seguir”, dijo en declaraciones a la prensa.
En una entrevista con RPP, el exlegislador Juan Pari, quien fue presidente de la Comisión Lava Jato del Congreso de la República, dijo que Toledo Manrique “tendrá que asumir su responsabilidad” por el caso Interoceánica Sur. “No podemos contentarnos con un trofeo de guerra y decir que, con eso, resolvimos el tema de la corrupción”, advirtió.
La exprocuradora Katherine Ampuero se pronunció, vía RPP, tras la sentencia judicial: “Es una justicia que tarda, pero que llega. Nunca tuve dude de que, en este caso, se iba a dar una sentencia condenatoria, porque la prueba era bastante fuerte, convincente”.
Además, la magistrada establece que la empresa JJ Camet pagará de manera solidaria el monto de reparación civil que solicitó la Procuraduría Pública.
El colegiado dice que no es posible ordenar a la empresa brasileña Odebrecht que pague una nueva reparación civil.
El colegiado impone 20 años y seis meses de prisión contra Alejandro Toledo por delitos de colusión agravada y lavado de activos.
El colegiado dice que este caso sí constitiuye un delito de lavado de activos.
“La conversión no la realiza Toledo, sino las empresas para poder ocultar el dinero que obtuvieron de las ganancias de la obra que habían obtenido de manera ilegal. Las compañías concertaron para ganar el otorgamiento de la buena pro”, dice la magistrada.
El colegiado dice que la empresa Odebrecht y sus consorciadas “no solo permitieron que se genere el dinero de manera ilícita, sino que también consintieron y realizaron conductas típicas de conversión y transferencia”.
Se retoma la lectura de sentencia contra Alejandro Toledo.
El colegiado determinó un receso.
"Se ha determinado que las conductas de Sergio Bravo Orellana y Alberto Pasco-Font realizadas en los periodos acusados sí reúnen los elementos configurativos del delito de colusión imputado por la Fiscalía", dice la magistrada.
"La adenda 1 contiene aspectos técnicos de transitabilidad y debió estar fijado en el estudio de factibilidad, pero esto no fue controlado y se dio inicio con un estudio de factibilidad inconcluso, apurado e incompleto, y los miembros del comité nunca lo observaron", dice la magistrada.
“En este caso, al verse demostrado una serie de irregularidades, una injerencia inusitada, una aceleración del proceso y la intervención directa o indirecta de Toledo en el proceso, el señor Toledo ha realizado la conducta típica de infracción del deber, defraudando al Estado”, dice la magistrada.
"Todas estas irregularidades constituyen y evidencian una clara concertación entre un funcionario, primera autoridad del Estado, y los privados. Esta conducta defrauda al Estado", enfatiza la magistrada.
La magistra indicó, además, que, "a sí como dijo Barata, a pesar de todos los problemas, en dos horas se dilucidaron y se firmó el contrato el 4 de agosto de 2005".
“Para garantizar la firma del contrato del 4 agosto de 2005 (proyecto Interoceánica), Toledo Manrique, por medio de Fernando Olivera Vega, ingresó a Contraloría para poder presionar sobre el cambio de parecer de dicho órgano. Y dicho órgano, lo que ha indicado, es que no podía variar su informe previo, porque el control posterior lo realizaría en su oportunidad”, lee la magistrada.
El colegiado indica que las reuniones en Palacio de Gobierno entre funcionarios y otros involucrados se hicieron por orden del propio Toledo. En dichas oportunidades se habría acordado acelerar la licitación en favor de la empresa brasileña Odebrecht.
"El presidente Toledo conocía el pacto. No actuaba de manera directa, pero sí había participación de él", lee la magistrada una declaración de Jorge Barata respecto de Alejandro Toledo.
"Para Sergio Bravo Orellana, Alberto Javier Pasco Font Quevedo y Abraham Danon, la Fiscalía solicita nueve años de pena privativa de libertad e inhabilitación para ejercer cargo público por tres años. Y para el señor José Fernando Castillo Dibós solicita 14 años y sesis meses de pena privativa de libertad y 172 días multa", manifestó.
"Contra el señor Alejandro Toledo, la Fiscalía solicita 20 años y seis meses de pena privativa de libertad e inhabilitación por tres años, además de 242 días multa, las mismas que serán calculadas teniendo en cuenta la remuneración que percibía dicho acusado a la fecha de los hechos", agregó.
"La Fiscalía atribuye a Alejandro Toledo Manrique, Abraham Danon, Sergio Bravo Orellana, Alberto Javier Pasco Font Quevedo y otro ya fallecido en calidad de funcionarios públicos que se coludieron con los particulares interesados Jorge Barata, Joseph Maiman, José Graña Miró Quesada, Gonzalo Camet Piccone y José Fernando Castillo Dibós", dijo la magistrada.
"En la presente causa, varios de los acusados se han acogido a la colaboración eficaz, por lo que no se encuentran en este proceso", dijo la magistrada Inés Rojas Contreras.
Por su parte, la Procuraduría General del Estado estimó una reparación civil de un millón 375 mil soles y 463 millones de dólares que deberá pagar de manera solidaria Toledo Manrique y sus coimputados.
Para sustentar dicha información, el Ministerio Público señaló que Toledo habría utilizado un esquema de lavado de dinero a través de las cuentas del fallecido empresario israelí Josef Maiman.
La Fiscalía sostuvo durante el juicio oral que el expresidente habría recibido más de 30 millones de dólares entre 2006 y 2011 a raíz de este negociado.
El Ministerio Público solicitó 20 años y seis meses de prisión contra Toledo Manrique por, presuntamente, haber acordado favorecer a la constructora brasileña Odebrecht en los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.
La sesión de lectura del adelanto de la sentencia se lleva a cabo en la sala de audiencias del penal de Barbadillo, en Ate, donde Toledo se encuentra recluido.
Toledo Manrique es acusado de los presuntos delitos de de colusión y lavado de activos en el caso Interoceánica Sur.
El Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional, presidido por la magistrada Zaida Pérez, debe leer el veredicto que condena o absuelve al exmandatario Alejandro Toledo.
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