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El magistrado del Tribunal Constitucional, Pedro Hernández Chávez, señaló que con la decisión del TC "no estamos ante una situación de blindaje". No obstante, los abogados Carlos Caro y Alejandro Rospigliosi consideraron que sí existe "riesgo de perder evidencia" con dicha resolución.
El último martes, se dio a conocer la resolución del Tribunal Constitucional (TC) sobre la demanda competencial presentada por el Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial respecto a la posibilidad de investigar a la mandataria de la república Dina Boluarte por supuestos delitos no contemplados en el artículo 117 de la Constitución.
En ese línea, el máximo intérprete de la Constitución resolvió declarar fundada la demanda y dispuso suspender las investigaciones contra Boluarte hasta después del 28 de julio de 2026, fecha en que termine su periodo de Gobierno.
La inmunidad presidencial "resulta estrictamente necesaria tomando en cuenta la naturaleza del cargo y la especial relevancia de su adecuado ejercicio en el marco del régimen político", señala la sentencia.
Benji Espinoza: "Yo creo que es una decisión correcta"
De acuerdo con el abogado penalista Benji Espinoza, el Tribunal Constitucional reafirmó la interpretación de que la Constitución peruana otorga una inmunidad casi absoluta al presidente durante su mandato.
Espinoza explicó que se puede investigar a funcionarios y allegados al mandatario. Sin embargo, este no puede ser objeto de investigación penal hasta que culmine su período.
"Yo creo que es una decisión correcta. No es una decisión popular, seguramente no es una decisión simpática, porque tenemos una presidenta —creo que con justa razón— desacreditada y deslegitimada. Pero lo que viene a establecer el Tribunal Constitucional es proteger la institución del presidente más allá de la persona que ocupe el cargo", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.
Asimismo, recordó que el fallo también establece que, una vez concluido el mandato de Dina Boluarte, podrían reanudarse las investigaciones. No obstante, este paso requeriría la autorización del Congreso a través del antejuicio.
Pedro Hernández Chávez: "No estamos ante una situación de blindaje"
En tanto, Pedro Hernández Chávez, magistrado del TC y uno de los cinco firmantes del fallo mayoritario, explicó que la decisión busca definir el marco de competencias constitucionales de los distintos órganos del Estado.
Según Hernández, el tribunal no está impidiendo que se investigue a un presidente, sino que establece la suspensión de dichas acciones mientras el mandatario esté en ejercicio, con la posibilidad de retomarlas al concluir su mandato.
"No estamos ante una situación de blindaje. Lo que creo que se está haciendo es, básicamente, contemporizar, por un lado, la función investigativa del Poder Judicial y del Ministerio Público, y por otro lado, garantizar la capacidad decisional de un presidente de la República en ejercicio", señaló en Ampliación de Noticias de RPP.
En tanto, las investigaciones actuales contra la presidenta Boluarte quedarán suspendidas hasta al menos el 28 de julio de 2026, a la espera de que un nuevo Congreso decida sobre posibles acciones futuras.
No obstante, Hernández aclaró que nuevas investigaciones pueden iniciarse si surgen nuevas causales, siempre que se limiten a actos previos y no afecten la investidura presidencial.
Carlos Caro y Alejandro Rospigliosi consideran que "hay riesgo de perder evidencia" en decisión del TC
En cuanto al abogado penalista Carlos Caro Coria, el fallo del Tribunal Constitucional elige una de varias opciones interpretativas dentro del marco de la Constitución. Caro explica que, aunque la ley prohíbe acusar al presidente en funciones salvo por ciertos delitos específicos como traición a la patria, el Tribunal estableció que la investigación preliminar debe ser "muy acotada" y limitada a diligencias específicas.
Por su parte, el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi, consultado desde Arequipa, precisó que, aunque faltan pocos meses para el fin del mandato de Boluarte, las acusaciones constitucionales podrían activarse una vez que deje el cargo.
Tanto Caro como Rospigliosi coincidieron en que existe el riesgo de perder evidencia debido a la suspensión de las investigaciones. Sin embargo, resaltaron que esta decisión busca evitar excesos en el uso de las técnicas de investigación contra un presidente en funciones.
"Hay el riesgo de perder evidencia y ese es un riesgo que claramente ha asumido el TC. O sea, no es que el TC no lo haya tenido presente. Lo ha asumido en pro de custodiar la institución presidencial. Entonces, no ha sido un voto bajo ignorancia. No ha sido una decisión a ciegas. Es una decisión donde se ha tomado una línea de interpretación muy acotada sobre lo que puede hacer la Fiscalía respecto de un presidente en funciones", aseveró Caro Coria.
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