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Silvana Carrión advierte que remociones en procuraduría Ad Hoc implicarían un riesgo para avances en caso Lava Jato

| Fuente: RPP

La procuradora pública Ad Hoc para el caso Odebrecht, Silvana Carrión, señaló que un eventual cambio en el equipo que lleva el caso Lava Jato podría beneficiar a los acusados debido a la alta especialización requerida.

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Silvana Carrión, procuradora pública Ad Hoc para el caso Odebrecht, señaló que una eventual remoción de los procuradores especializados en el caso Lava Jato podría generar un riesgo significativo para los avances logrados en este proceso judicial, uno de los más complejos en la historia del Perú. 

En una entrevista en el programa Prueba de Fuego de RPP, Carrión destacó los logros de su gestión, que aseguró ha tenido "el mejor resultado que tiene alguna procuraduría del sistema de defensa jurídica del Estado". 

La procuradora respondía así a las recientes declaraciones del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, quien advirtió que "todos los procuradores están en evaluación en este momento".   

Aunque Santiváñez evitó calificar directamente el trabajo de Carrión, dejó entrever que su continuidad dependerá de un informe sobre los resultados obtenidos en beneficio del Estado.

En relación a las críticas realizadas en su momento por la presidente Dina Boluarte contra la procuraduría y la cercanía que tendría Santiváñez con la mandataria, y con ello la posibilidad de que influencia en las decisiones del ministro de Justicia, Carrión dijo que no podría opinar al respecto e insistió en referirse a los resultados alcanzados por la procuraduría ad hoc.  

"Y lo menciono porque, a la fecha, tenemos 310 millones de soles ya cobrados, que ya ingresaron al Estado, que ya ingresaron a las cuentas de la Procuraduría General del Estado, pero además, ahorita, por una disposición especial, ese dinero va al MEF, al Tesoro Público, y es distribuido como presupuesto por parte del Ministerio de Economía y Finanzas", dijo. 

"Entonces, ese es el logro, que es la recuperación más alta que ha habido en toda la historia judicial del Perú en caso de corrupción. Ninguna Procuraduría, revisen los antecedentes, ha cobrado tanto dinero en cuanto a reparación civil por temas de corrupción", agregó. 

Carrión puntualizó señaló que la procuraduría han impuesto 1500 millones de soles en sentencias con causa juzgada firme, de los cuales los 310 millones ya han sido cobrados. 

Estos montos, según la procuradora, están asegurados para su cobro progresivo en el tiempo, siguiendo cronogramas establecidos en sentencias judiciales, como la primera de colaboración eficaz del caso Odebrecht, emitida hace seis años.

Riesgos de una posible remoción

La procuradora advirtió que un cambio en el equipo que lleva el caso Lava Jato podría otorgar ventajas a los acusados debido a la alta complejidad y especialización requerida.

“Cualquier remoción de los actores que vemos, el caso Lava Jato, Fiscalía, Procuraduría, que venimos conociendo mucho tiempo estos casos, creo que lo que hace es darle ventaja a la contraparte porque el nuevo que venga no va a tener todo ese conocimiento, digamos, en tan corto tiempo”, explicó Carrión.

Con ocho años en el cargo, Carrión destacó la experiencia acumulada por su equipo, que ha presentado más de 25 acusaciones y está próximo a iniciar juicios orales clave, como el de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, programado para el 23 de septiembre. Indicó que este caso involucra a 40 partes procesales, incluyendo empresas como Rutas de Lima y Odebrecht, incorporadas como terceros civilmente responsables.

"[¿Cambiarlos implicaría un riesgo grande?] Sí, bueno, por la especialización. La experiencia internacional indica que la especialización y la expertise para este tipo de casos tan complejos es lo recomendable que la continúe en el tiempo para que pueda seguir conociendo estos casos y litigarlos de manera correcta", sostuvo. 

Carrión también afirmó que, a la fecha, la Procuraduría Ad Hoc ha solicitado embargos por 3000 millones de soles, de los cuales 2800 millones ya están inscritos en registros públicos para garantizar el cumplimiento de futuras sentencias. 

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