por Sergio Espinoza
·Las recientes condenas a Martín Vizcarra y Pedro Castillo reavivaron el debate sobre la eficacia del sistema de justicia peruano. Aunque especialistas reconocen avances en la lucha contra la corrupción, advierten que la provisionalidad de jueces, la falta de imparcialidad y la ausencia de reformas estructurales requieren ser atendidas urgentemente.
Octubre y noviembre han sido meses cargados de noticias judiciales, pues la opinión pública ha sido testigo de las condenas del congresista Guillermo Bermejo y de los expresidentes Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022).
A propósito de las condenas surge la interrogante: ¿funciona el sistema de justicia en el Perú? A pesar de las falencias -y teniendo en cuenta los altos índices de corrupción-, el país ha demostrado, paradójicamente, que sí ha podido sentar en el banquillo de los acusados a los altos funcionarios del Estado y otros personajes de nivel, consideró el exprocurador anticorrupción José Ugaz.
Ugaz remarcó que la justicia peruana condenó esta semana al quinto expresidente, con las reciente sentencias a Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado, y Martín Vizcarra por el caso ‘Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo’. No obstante, enfatizó que hay que “corregir” el sistema con una profunda reforma estructural.
“Mi primer punto en este caso es justicia con problemas graves sí, pero somos el país de América Latina con mayor ratio de eficiencia de procesar casos de corrupción”, declaró en Enfoque de los
Por su parte, el abogado penalista y jurista Humberto Abanto Verástegui advirtió que el estándar actual de funcionamiento de la justicia peruana es “desolador”, por lo que demandó una reforma profunda que permita garantizar imparcialidad en los jueces y objetividad en los fiscales.
Según dijo, la percepción de que algunos procesos “se resuelven según la cara del cliente” es una señal del deterioro institucional.
“Este es un Estado democrático. Entonces no hay posibilidad de una reforma sin participación de la política. Suponer que haya una reforma sin intervención de la política es prescindir del elemento democrático”, señaló.
La provisionalidad de jueces es una problemática, considera Ghersi
A su turno, el jurista y abogado constitucionalista Enrique Ghersi Silva advirtió que uno de los principales obstáculos para una reforma judicial efectiva en el Perú es la persistencia de un alto número de jueces provisionales y la resistencia institucional del Poder Judicial a modificar ese sistema. Según señaló, este mecanismo de designación “por cooptación” genera opacidad, limita la independencia y dificulta cambios estructurales.
Ghersi sostuvo que la provisionalidad en la judicatura se ha convertido en un mecanismo discrecional controlado por el propio Poder Judicial.
“¿Quién decide quién es el juez provisional? Los mismos señores del Poder Judicial. Entonces, aquí hay un problema: para mí, tiene que terminarse la provisionalidad”, comentó.
El constitucionalista recordó que existen propuestas legislativa, como una que planteó el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, para que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) sea la única entidad que nombre a jueces y fiscales provisionales; empero, advirtió que la institución judicial se opone a modificar el esquema actual.
“La provisionalidad es un espacio oscuro donde se elige al juez por cooptación. Ese sistema no es democrático… no puede haber un ámbito de opacidad en la selección de la mayor parte de los jueces”, precisó.
¿Qué debemos hacer para mejorar el sistema?
De cara a las Elecciones Generales de 2026, el también expresidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, planteó que los candidatos presidenciales suscriban un “pacto por la justicia”, con el objetivo de que el próximo Gobierno se comprometa a convocar a los mejores cuadros para abordar el tema.
“Vamos a convocar a las mejores mentes y a los mejores técnicos en materia para ver qué perfil de jueces [necesitamos]. Todos los problemas que se han dicho acá sobre la Suprema, la Fiscalía, las Juntas Fiscales Supremos, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, etcétera, ¿qué vamos a hacer con la justicia en el Perú?”, indicó.
El abogado Abanto enfatizó la necesidad de reconstruir consensos básicos entre los actores políticos y jurídicos para hacer viable cualquier cambio institucional.
“Debe haber una voluntad que nos permita sentarnos a todos. Discrepar no es motivo de odiarnos. Esa es una cosa que hay que recordar de Lincoln. No tenemos que ser enemigos”, sostuvo.
Así, propuso instaurar un sistema de custodia ciudadana para los procesos de selección, que garantice concursos públicos, transparentes y supervisados por la sociedad.
“Hay que reformar unos pocos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Ministerio Público para crear nuevas plazas que salgan a concurso. El Estado debe franquear los recursos y la Suprema debe dejar de repetir que quiere acabar con la provisionalidad cuando nunca envían pedidos para crear más plazas, pese a que tienen iniciativa legislativa”.
Abanto enfatizó que, sin ese paso inicial, cualquier intento de reestructurar el sistema terminará estancado.
Finalmente, Ghersi consideró que el Congreso debe avanzar en todo lo que pueda respecto a una próxima reforma
En ese contexto, consideró que la discusión sobre la reforma judicial ya forma parte del debate electoral, aunque sin la profundidad necesaria.
“No estoy seguro de que haya tiempo para reformas constitucionales… El tema ya es parte del debate electoral, pero no me parece un debate serio”.
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