Los abogados Amoretti y Moreno consideraron que la Fiscalía tiene los elementos necesarios para solicitar prisión preventiva contra Yenifer Paredes
Los abogados Amoretti y Moreno consideraron que la Fiscalía tiene los elementos necesarios para solicitar prisión preventiva contra Yenifer Paredes | Fuente: CONGRESO DE LA REPUBLICA | Fotógrafo: ERNESTO ARIAS

Luego de que el día de ayer se conociera la presunta pérdida de las imágenes de las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno del día en que el Equipo Especial de la Fiscalía y la Policía acudieron a dicha institución para detener a Yenifer Paredes, la situación judicial de la cuñada del presidente de la República parece complicarse.

En diálogo con RPP Noticias, los abogados penalistas Mario Amoretti, ex decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), y Jefferson Moreno, miembro del estudio Rebaza Alcázar y De Las Casas, consideraron que la Fiscalía tiene los elementos necesarios para solicitar la prisión preventiva contra Yenifer Paredes.

"El peligro procesal está sustentado"

Los referidos juristas coincideron en que la pérdida de las imágenes de las cámaras se suma a una serie de elementos con los que la Fiscalía puede sustentar el peligro procesal ante el Poder Judicial. Esto, según señalaron, ameritaría la variación de prisión preliminar a prisión preventiva contra la hermana de la primera dama.

"La consecuencia principal es que están a puertas de un pedido de prisión preventiva, probablemente, de 36 meses, es decir, de 3 años (...), porque son parte de una organización criminal (...) Entonces, creo que la principal consecuencia es que le acaban de dar a la Fiscalía el argumento adecuado para decirle al juez que hay un peligro procesal", sostuvo Moreno. 

Para dicho abogado, a ello se suma el "comportamiento extraprocesal" de los últimos días en que la Fiscal de la Nación ha sido criticada "por comportamientos propios de su función de cambio de fiscales".

"Hay un comportamiento procesal inadecuado a tener en consideración, porque las organizaciones criminales se ayudan entre ellas y determinan, a través de esos pequeños comportamientos, que van a seguir ayudándose y, por lo tanto, esas personas no pueden estar en libertad", subrayó.

Al respecto, Amoretti comentó que hay elementos documentados que pueden reforzar el pedido de prisión preventiva de la Fiscalía.

"Hay pruebas (como) la constitución de la sociedad de las empresas que ganaron la buena pro, la forma como se tramitó el decreto supremo, la forma en la que se asignaron los fondos presupuestales y, sobre todo, la entrega del dinero a los empresarios por parte de los hermanos de la Primera Dama. Hay indicios más que suficientes para establecer de que estamos frente a una organización criminal", señaló Amoretti.

Según refirió, "el reparto de roles", que se evidencia en los hechos en investigación, apunta a que "la presencia de la primera dama y la de Yenifer Paredes en Palacio de Gobierno" era "conectar" a los empresarios "con el Presidente".

"Qué casualidad que, pocos días después, ya les están dando mayor presupuesto, decretos supremos, asignan partidas para que estas empresas se beneficien económicamente. De tal manera que sí hay indicios más que suficientes para pedir la prisión preventiva, que se convenza al juez de que estamos frente a una organización delictiva y que, lamentablemente, utilizaron el vínculo familiar para obtener beneficios económicos en agravio del Estado", argumentó el ex decano del CAL.

"La Fiscalía tiene claro el delito"

Debido a lo expuesto, los abogados consideraron que la Fiscalía parece tener "completamente claro" que se ha cometido un delito y que esa institución debe "ser muy estratégica" para reunir los elementos que sustentan el peligro procesal y "reforzar" sus argumentos.

"No hay discusión en si están vinculados o no a la comisión de un delito (...) Lo que va a ser objeto de discusión, y ese va a ser el meollo del asunto, es el peligro procesal (...) La Fiscalía tiene que ser muy estratégica reuniendo el cambio de ministros, el intentar cambiar a los miembros del equipo de investigación policial especial que se ha creado, los ataques que se realizan a la Fiscal de la Nación, como parte de la estrategia de la organización", resaltó Jefferson Moreno.

En esa línea, Amoretti consideró que, si se prueba que se borraron las imágenes de las cámaras de Palacio de Gobierno, también se probarían nuevos delitos.

"Si se llega a verificar que se borraron las imágenes de las cámaras de seguridad, estaríamos ante otro delito que es el de encubrimiento real. Y como los delitos por los que se investiga a Yenifer Paredes, organización criminal y lavado de activos, son dos delitos que remiten gravedad, encubrimiento personal y encubrimiento real son delitos agravados y la pena es de 7 a 10 años, y las penas se suman", explicó.

Además, consideró que, de probarse que se borraron las imágenes, esto implicaría acusación no solo contra el Presidente, sino también contra los "ejecutores".

"Obviamente, contra los ejecutores. Ahora, ¿quién ordenó? Se comenta y se dice que fue el Presidente el que dispuso que no se dejara ingresar al personal de la Fiscalía y de la Policía. Y ahí estamos ante un encubrimiento personal por permitirlo", manifestó.

Para Moreno, los funcionarios serían responsables tanto si estuvieron comprometidos en borrar las imágenes como también si "no hicieron nada" para evitarlo. Esto, según él, alcanzaría al abogado defensor Benji Espinoza.

"Es que no solamente es saber, si no cruzar la línea de saber y tener la función del hacer algo, y, el no hacerlo, te genera esa responsabilidad del encubrimiento ya sea de la persona en el caso de Yenifer Paredes o del video. Tienes el conocimiento y tienes el deber, y (lo) haz bloqueado", precisó.

"No se ha desarticulado al equipo Cuellos Blancos"

Por otro lado, los penalistas comentaron que no consideran que la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, haya desarticulado al grupo especial de fiscales que investigan el caso Cuellos Blancos del Puerto.

"En el caso de Cuellos Blancos hay 3 niveles (…) Esos niveles necesitan una coordinación y la ley orgánica del Ministerio Público establece bien claro que el coordinador de un equipo especial debe ser un fiscal superior. Y lo que ha hecho la Fiscal de la Nación es llegar y preguntar: ¿quién es el fiscal coordinador? ¿Es un fiscal superior? No. Entonces lo que hay que hacer es establecer un fiscal superior que sea coordinador", explicó Jefferson Moreno.

Además, Mario Moretti señaló que fue el fiscal superior Jesús Fernández quien renunció al equipo especial, mas no fue retirado por la Fiscal de la Nación.

"El proceso continúa. El doctor Fernández habrá tenido sus razones para renunciar. No se ha desactivado (el equipo) ni la Fiscal de la Nación es responsable", subrayó.