Taiwán aprueba ley con penas de hasta 12 años por espionaje económico de semiconductores

El parlamento taiwanés aprobó un proyecto de ley que convierte el espionaje económico en un delito penado con hasta 12 años de prisión, como parte de una estrategia para hacer frente al robo de tecnología en semiconductores y otros campos, informan medios locales.

La fuga de tecnologías a China ha sido un gran problema para Taiwán, uno de los núcleos clave en las cadenas de suministro de tecnología a nivel mundial y sede de empresas esenciales en el sector.

Según su reformada Ley de Seguridad Nacional, el intercambio ilícito de tecnología fundamental desde la isla conllevará una sentencia mínima de cinco años y una multa de hasta 100 millones de nuevos dólares taiwaneses (3,36 millones de dólares).

Si las ganancias generadas por el espionaje superan esta cifra, los infractores pueden ser multados desde dos hasta diez veces sus ganancias.

Protección a la tecnología de chips

La tentativa de espionaje también será sancionada por la ley, con lo que el Gobierno de la isla quiere controlar una industria esencial para su economía, en un contexto global en el que la escasez de semiconductores en todo el mundo continuará durante la primera mitad de 2022 y se podría alargar, con mejoras, hasta 2023.

Taiwán es el líder mundial de las compañías de fabricación de semiconductores, representando de cara a 2025 el 68 % del mercado mundial "debido a la inversión y el éxito de la empresa TSMC y otros proveedores", según un informe publicado por la consultora IDC.

En 2020 Taiwán acaparaba el 67 % de los ingresos mundiales en el área de la fabricación, según los datos de IDC, mientras que SIA incrementa esta cifra hasta el 77 %.

Antes de la nueva legislación, las transferencias de tecnología ilícita en Taiwán caían bajo el ámbito de su Ley de Secretos Comerciales. Las empresas eran designadas responsables de identificar posibles transgresiones, y los infractores rara vez sufrían sanciones severas.

El Parlamento también sacó adelante una enmienda a una ley que rige las relaciones entre los taiwaneses y los chinos, según la cual los empleados de empresas que se dedican a tecnologías fundamentales y reciben una importante inversión o asistencia de las autoridades taiwanesas necesitan la aprobación previa del Gobierno antes de asumir nuevos puestos en China. (EFE)

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