Proyecto de Ley de Acción Popular busca limitar el uso de redes sociales en niños y adolescentes

La pandemia de COVID-19 ha provocado que la conectividad se vuelva, para muchos, el único punto de contacto entre amigos, familiares y grupos con intereses comunes. Tanto en entornos laborales como educativos, la necesidad de estar integrados a distancia es imperativa, y las redes sociales se han convertido en el soporte de comunidades digitales de todo tipo. En ese contexto, el congresista Luis Carlos Simeón Hurtado, de Acción Popular, ha presentado un proyecto de ley que regula el uso indebido de medios tecnológicos.

En el proyecto de Ley 7222/2020-CR, recibido por el poder legislativo el 26 de febrero de 2021, se establecen una serie de criterios bajo el concepto siguiente:

“Regular el uso indebido de medios tecnológicos en telecomunicaciones, como las redes sociales y aplicaciones. Asimismo, se busca establecer parámetros y procedimientos generales del uso de las redes sociales en Internet que permitan proteger a los usuarios frente a conductas lesivas o potencialmente peligrosas, resultado de a extralimitación o uso inadecuado de las redes sociales virtuales”.

El proyecto añade, en un siguiente párrafo, que el Estado debe “establecer un mecanismo de control parcial sobre la red, sin llegar a menoscabar la libertad de expresión”, un detalle no menor que ya ha sido parte de otros proyectos de ley presentados años atrás para controlar el ingreso a páginas pornográficas y durante el extenso debate sobre la privacidad de los datos.

El artículo 4 del referido proyecto señala una serie de prohibiciones “para garantizar el buen uso de las redes sociales”, entre las que destacan:

• Ser menor de 14 años para pertenecer a las redes sociales.
• Pedir o publicar datos de un menor de 14 años, sin consentimiento expreso de sus padres. En otro punto, el congresista pide prohibir la publicación de datos sobre otras personas de cualquier edad, sin el consentimiento de éstas.
• Descargar libre y gratuitamente contenidos que tengan derechos de autor.
• Sobreexponer su identidad o revelar información personal y sensible dentro del perfil, como información económica, financiera, dirección de residencia, teléfono o situación sentimental.
• Acceder a contenidos inadecuados o ilegales.
• Difundir noticias falsas para atacar a un oponente político o comercial.

“Las redes han ido destapando una agresividad que siempre ha estado ahí y publicitan ante millones de personas injurias, ofensas, agravios, ultrajes, sarcasmos, chistes e ironías en forma de comentario en las redes sociales”, señala el congresista en su exposición de motivos adjunta al proyecto. “Estamos ante un momento de ‘azote y oportunidad’ (…) la cuestión es ¿cuál es el limite de la libertad de expresión?”.

NIUSGEEK se ha comunicado con el congresista a su teléfono personal. Cuando tengamos una respuesta, actualizaremos la nota con sus declaraciones.

“Debería promoverse la autoprotección de los menores”

Para Sandro Marcone, experto en integración de TIC en gestión pública y educación, el tema ya ha sido definido en normas previas: “Varias de las cosas que plantea ya están definidas en las normas que regulan el tema de datos de menores de edad y en la norma de uso seguro y filtros”.

El especialista cuestiona la efectividad del proyecto: “¿La estrategia para hacer ‘más seguro el internet’ es prohibir su uso a los menores de 14? Primero debería ser el luchar con más fuerza e inteligencia contra el crimen digital y, por otro lado, promover la autoprotección de los menores, que a la larga es lo único realmente sostenible”.

“El Proyecto intenta resolver de manera demasiado simplista una serie de problemas complejos y globales en Internet”, menciona Miguel Morachimo, director de Hiperderecho, quien considera que el proyecto ha carecido de una investigación adecuada. “Sus propuestas van desde impracticables (ej. una línea telefónica de ayuda para usuarios de redes sociales) hasta ilegales (ej. responsabilizar a las plataformas intermediarias de lo que hacen sus usuarios)”.

Parte de las condiciones del proyecto, según Morachimo, ya se encuentran en rigor: “Al mismo tiempo, el congresista ignora la vigencia en nuestro país de legislaciones completas y mucho más precisas sobre protección de datos personales, derechos de autor, derecho de rectificación, violencia de género en línea, entre otros. No sorprende que el proyecto sea una adaptación parcial de otro proyecto de ley casi idéntico presentado en el 2019 en Colombia”.