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Un proyecto de ley en California busca evitar que los datos personales de los vendedores sean usados por agencias de inmigración, en medio de un clima complicado para la comunidad inmigrante.
Pablo Del Pilar, inmigrante mexicano, ha trabajado como vendedor ambulante en Boyle Heights durante 28 años. Todos los días monta su puesto con peluches y accesorios de moda, a pesar de las crecientes redadas y restricciones que afectan a los trabajadores informales. Su preocupación no es solo por él, sino por sus hijos y la comunidad inmigrante, que ahora enfrenta una nueva amenaza: el uso de sus datos personales para reforzar operativos migratorios.
El temor se ha extendido entre los vendedores ambulantes tras conocerse que las agencias federales de inmigración podrían acceder a la información recolectada por las autoridades locales. Esto ha generado incertidumbre y una sensación de vulnerabilidad entre quienes dependen de esta actividad para sobrevivir.
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El temor entre los vendedores ambulantes aumenta
A inicios de semana, grupos de derechos de inmigrantes y justicia económica anunciaron la Ley de Protección de Vendedores Ambulantes (SB 635), una propuesta destinada a evitar que la información de los trabajadores sea utilizada en su contra por agencias federales de inmigración. La iniciativa, impulsada por la senadora estatal María Elena Durazo, busca blindar a estos comerciantes y reconocer su aporte económico y cultural en California.
“Los vendedores ambulantes son fundamentales para la economía del estado. Han contribuido enormemente a sus comunidades, y ahora más que nunca debemos apoyarlos”, enfatizó Durazo.
Las claves del proyecto SB 635
El proyecto de ley establece medidas concretas para proteger a los vendedores ambulantes:
- Prohibir el acceso de agentes migratorios a los datos recopilados por gobiernos locales.
- Impedir que los programas de permisos de venta ambulante soliciten información sobre el estado migratorio de los trabajadores.
- Restringir el uso de recursos locales para apoyar la aplicación de leyes migratorias federales.
Shannon Camacho, asociada de políticas en Inclusive Action for the City (IAC), señaló que SB 635 busca ampliar las protecciones que ya existen bajo la Ley de Valores de California (SB 54), asegurando que ningún organismo estatal o local colabore con la aplicación de leyes inmigratorias.
El impacto en la comunidad inmigrante
Para los vendedores ambulantes, esta medida es crucial. Del Pilar reconoce que contar con permisos es importante, pero subraya que la falta de garantías legales sigue afectando su sustento. “No es solo pagarle a la ciudad, sino que también necesitamos seguridad y estabilidad para poder seguir trabajando sin miedo”, explica.
La incertidumbre también ha afectado las ventas. Mariana Cervantes, otra vendedora en Boyle Heights, comenta que la gente ya no compra como antes. La percepción de peligro ha cambiado la dinámica en las calles. “Muchos tienen miedo de salir o solo compran rápido y se van”, lamenta.
A pesar de los obstáculos, los vendedores ambulantes aseguran que seguirán en las calles. Para muchos, esta es la única forma de sustento, sin importar los riesgos que puedan enfrentar.
Créditos vídeo: YouTube | @AlRojoVivo.
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