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por Redacción RPP
·A continuación, exploramos las opciones disponibles y las limitaciones que enfrentan aquellos que buscan una segunda oportunidad en el país norteamericano.
En Estados Unidos, la posesión, venta o comercialización de drogas, como la cocaína, heroína o más de 30 gramos de marihuana, puede llevar a la deportación de personas inmigrantes, sin importar si se trata de un delito menor o una felonía. Esta severa medida resulta en una separación dolorosa para las familias, ya que el culpable no tiene derecho fácilmente a un perdón, incluso si tiene familiares ciudadanos estadounidenses.
El intento de regresar a Estados Unidos, después de ser deportado por delitos relacionados con drogas, no garantiza la admisión al país. Cualquier individuo categorizado como inadmisible ante las autoridades migratorias no podrá ingresar nuevamente, lo que agrava aún más la situación para aquellos que buscan una segunda oportunidad.
El organismo que tiene autoridad para otorgar perdones a los migrantes acusados de delitos federales es la Oficina de Perdones y Clemencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esta oficina revisa las solicitudes de perdón y clemencia, las cuales pueden incluir perdones presidenciales o conmutaciones de sentencia.
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La única vía que existe
Aunque existen posibilidades de perdón, estas son limitadas y exclusivas. Solo el Presidente o el Gobernador de un Estado tienen la autoridad para otorgar un perdón completo e incondicional, lo que puede permitir la readmisión al país o evitar la deportación. Sin embargo, el perdón legislativo o de un gobierno extranjero no surte efecto en este contexto.
El perdón ejecutivo puede ser considerado en casos de extrema dificultad para la familia del inmigrante, pero en última instancia, el perdón del Jefe Ejecutivo es la única vía para que un individuo afectado pueda permanecer o regresar a Estados Unidos tras enfrentar consecuencias por delitos relacionados con drogas.
Este poder está establecido en la Constitución de Estados Unidos en el Artículo II, Sección 2, que otorga al presidente la capacidad de "conceder indultos y perdones por delitos contra los Estados Unidos, excepto en casos de juicio político". Los perdones presidenciales pueden ser utilizados para perdonar o conmutar sentencias de prisión.
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