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por Latino en USA
·Greenpeace enfrenta graves problemas financieros debido a una demanda millonaria presentada por una empresa estadounidense, poniendo en peligro su estabilidad.
El juicio multimillonario presentado contra Greenpeace en Dakota del Norte, Estados Unidos, ha encendido alarmas en América Latina. Energy Transfer, la constructora del oleoducto Dakota Access Pipeline (DAPL, por sus siglas en inglés), acusa a la ONG de "ecoterrorismo" y demanda 300 millones de dólares en compensación por las protestas contra su construcción en 2016.
Este tipo de litigios, conocidos como SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation, por sus siglas en inglés), se están utilizando cada vez más para silenciar las voces críticas. A través de procesos legales costosos y prolongados, las empresas buscan desgastar a los activistas, forzándolos a abandonar sus reclamos.
Una sentencia adversa para Greenpeace no solo implicaría un golpe económico, sino que también sentaría un peligroso precedente para la defensa del medio ambiente en Estados Unidos y en América Latina. Este juicio es especialmente relevante para Latinoamérica, donde la lucha contra la explotación de recursos naturales y la defensa de los derechos de las comunidades indígenas son temas de creciente importancia.
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Este caso refleja cómo gobiernos y empresas están utilizando el aparato judicial para silenciar a aquellos que se oponen a proyectos extractivos y denuncian violaciones de derechos humanos. Las tácticas legales agresivas empleadas por las empresas buscan proteger sus intereses económicos a costa de los impactos sociales y ambientales.
En este contexto, es crucial que las organizaciones ambientales en Latinoamérica fortalezcan sus redes de colaboración y desarrollen estrategias conjuntas. La solidaridad internacional y la movilización social se presentan como elementos clave para garantizar la libertad de expresión, defender el medio ambiente y proteger los derechos de las comunidades.
Video: Youtube | Democracy Now!
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