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por Redacción USA
·Basado en una ley vigente en Estados Unidos desde 1952, el caso contempla cargos diarios por cada día de permanencia irregular.
Una inmigrante hondureña de 41 años, residente en Florida desde hace más de 30 años y madre de tres hijos ciudadanos estadounidenses, ha sido multada con 1,821,350 dólares por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por no cumplir una orden de deportación emitida en 2005. La sanción, notificada el pasado 9 de mayo de 2025, se basa en una penalidad de 500 dólares por cada día que la mujer permaneció en el país tras la orden de deportación.
La abogada de la inmigrante, Michelle Sánchez, ha presentado una moción para anular la orden de deportación argumentando que su clienta cumple con los requisitos para solicitar la residencia permanente bajo la Ley de los 10 Años, que permite a ciertos inmigrantes obtener estatus legal si han residido en Estados Unidos por un tiempo prolongado y demuestran buen carácter moral.
Sin embargo, Sánchez advierte que la impugnación de esta multa conlleva el riesgo de acelerar un proceso de deportación que podría separar a la mujer de sus hijos, quienes dependen de ella.
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La imposición de multas millonarias forma parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para disuadir a los inmigrantes indocumentados de permanecer en el país. En abril de 2025, el gobierno estadounidense implementó nuevas medidas que incluyen sanciones económicas y posibles acciones penales contra quienes incumplan órdenes de deportación, además de fomentar la autodeportación a través de aplicaciones móviles como CBP Home, diseñada para facilitar la autoidentificación y el seguimiento migratorio.
Estas medidas reflejan una estrategia de endurecimiento que busca presionar a los inmigrantes para que abandonen voluntariamente el país, mientras se refuerzan los controles y procesos de deportación. Organizaciones defensoras de derechos humanos han manifestado su preocupación por el impacto de estas políticas, ya que afectan a familias con vínculos profundos en Estados Unidos y generan incertidumbre sobre el futuro de miles de personas en situación irregular.
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