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Tras más de una década inactivo, el programa 287(g) de Task Force regresa en siete estados, otorgando a las autoridades locales un papel clave en el control migratorio.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha reactivado el controvertido programa 287(g) de Task Force, delegando a agencias locales y estatales facultades para detener e interrogar a personas sobre su estatus migratorio. La medida, aplicada en al menos siete estados, marca un giro en la política migratoria estadounidense, desatando críticas y apoyos en sectores políticos y sociales.
El programa, suspendido en 2012 por denuncias de discriminación racial y detenciones arbitrarias, ha sido retomado con ajustes que, según el gobierno, buscan reforzar la seguridad sin vulnerar derechos. Sin embargo, organizaciones proderechos humanos advierten que su implementación podría derivar en abusos y persecución contra las comunidades inmigrantes.
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El regreso del Task Force y sus implicaciones
Originalmente instaurado en 1996, el programa 287(g) permite que agentes estatales y locales colaboren directamente con ICE en la aplicación de leyes migratorias. Mediante acuerdos específicos, estos agentes pueden interrogar, detener y trasladar a inmigrantes sin necesidad de una orden judicial.
Su restablecimiento amplía las competencias de las autoridades locales, quienes ahora pueden ejecutar tareas previamente reservadas a entidades federales. Esto ha generado inquietud entre defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes temen un incremento en las detenciones basadas en perfil racial.
Estados donde se implementará el programa
Desde enero de 2025, estados como Florida, Texas, Idaho, Kansas, Nevada y Oklahoma han comenzado a aplicar el modelo 287(g). La mayoría de estos estados, con gobiernos conservadores, han impulsado políticas migratorias más estrictas en los últimos años.
Florida ha sido pionera en su implementación, sumando al programa varias agencias como el Departamento de Vehículos y el Departamento de Aplicación de la Ley. Además, oficinas de alguaciles en condados como Collier y Lee esperan sumarse en breve, consolidando un enfoque más riguroso en el control migratorio dentro del estado.
Razones detrás de la suspensión previa
En 2012, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) ordenó la cancelación del programa tras hallar pruebas de discriminación racial en su aplicación. Uno de los casos más emblemáticos ocurrió en Arizona, donde el entonces sheriff Joe Arpaio llevó a cabo redadas y detenciones masivas dirigidas a hispanos, sin evidencia suficiente para justificar las detenciones.
El DOJ determinó que tales prácticas violaban derechos fundamentales, lo que llevó a la suspensión del programa. Ahora, con su regreso, el debate sobre sus posibles efectos vuelve a intensificarse, con posturas divididas entre quienes defienden su utilidad para la seguridad pública y quienes lo consideran un riesgo para los derechos humanos.
Un futuro incierto para la política migratoria
Mientras ICE y los gobiernos estatales defienden el relanzamiento del programa 287(g) como una estrategia para reforzar el control migratorio, organizaciones civiles advierten sobre las repercusiones en las comunidades de inmigrantes. La reactivación del Task Force podría marcar un precedente en la política migratoria de EE.UU., determinando el rumbo de futuras regulaciones en materia de inmigración.
Créditos vídeo: YouTube | @FDReal.
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Martha Seminario Rubio Periodista
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