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La Casa Blanca ha comenzado a reducir a la mitad el personal del Departamento de Educación mientras busca reasignar sus funciones a otras agencias.
Cumpliendo una de sus promesas de campaña, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para cerrar el Departamento de Educación de EE.UU. La medida busca eliminar lo que el mandatario considera una agencia burocrática e ineficiente, aunque su desmantelamiento total requeriría aprobación del Congreso. Mientras tanto, la Casa Blanca ha iniciado un proceso de reestructuración interna que ya ha reducido drásticamente el personal.
La decisión ha generado un intenso debate sobre el futuro de los programas que administraba la agencia, como el financiamiento del Título I para escuelas de bajos recursos y las becas Pell. A pesar del cierre, el gobierno ha asegurado que algunas de estas funciones serán reasignadas a otras agencias federales.
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Redistribución de responsabilidades
Trump ha insistido en que el cierre del Departamento de Educación no significa el fin del apoyo federal a las escuelas. Según funcionarios de su administración, varias agencias asumirán sus principales responsabilidades. El Departamento de Justicia podría encargarse de la aplicación de los derechos civiles en las escuelas, mientras que el Departamento del Tesoro gestionaría los préstamos estudiantiles.
Sin embargo, expertos en educación han advertido sobre el riesgo de fragmentar funciones clave, lo que podría afectar el acceso equitativo a la educación. La desaparición de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación podría dejar desprotegidos a estudiantes de minorías raciales y con discapacidades.
Impacto en la equidad educativa
El Departamento de Educación fue creado en 1979 con la misión de garantizar el acceso equitativo a la educación. Su eliminación podría generar incertidumbre sobre la continuidad de programas dirigidos a estudiantes en situación vulnerable. Organizaciones como el Center for American Progress han criticado la medida, señalando que podría profundizar la desigualdad en el sistema educativo.
Weadé James, del Center for American Progress, advirtió que sin un organismo federal que supervise el acceso equitativo a la educación, los estados podrían distribuir los fondos de manera desigual. "Esto solo va a crear una clase baja de estudiantes", afirmó.
Reacciones y próximos pasos
Mientras el Congreso evalúa la legalidad del cierre, los defensores de la educación pública han expresado preocupación sobre el destino de miles de millones de dólares en financiamiento escolar. Los distritos que dependen en gran medida de fondos federales, como los de Misisipi y Alaska, podrían ser los más afectados si el dinero es redistribuido sin regulaciones claras.
A pesar de las críticas, Trump mantiene firme su postura de devolver el control de la educación a los estados. "No nos está haciendo ningún bien", dijo el presidente sobre el departamento durante una ceremonia en la Casa Blanca. En los próximos meses, el Congreso deberá decidir si permite o frena la medida, lo que podría definir el futuro de la educación en Estados Unidos.
Créditos vídeo: YouTube | @France24_es.
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