Uscis actualizó sus políticas para fortalecer la protección de menores en procesos de adopción internacional bajo el convenio de La Haya, asegurando cumplimiento con estándares internacionales.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) ha implementado una actualización significativa en sus políticas para mejorar el proceso de adopción internacional bajo el convenio de La Haya. Esta decisión busca fortalecer la salvaguarda de los intereses de los niños involucrados en estos procedimientos, asegurando que se cumplan los estándares establecidos por la convención internacional.
Estándares internacionales
El convenio de adopción de La Haya, en vigor en Estados Unidos desde 2008, permite a los ciudadanos estadounidenses adoptar a menores de países extranjeros que son parte de este acuerdo, el cual engloba a más de 100 naciones. Para iniciar el proceso, los futuros padres adoptivos deben completar el formulario I-800A, conocido como Solicitud de determinación de idoneidad para adoptar.
Una vez aprobada esta solicitud por Uscis, se procede con el formulario I-800, o Petición para clasificar a un adoptado de convención como familiar inmediato, donde se evalúa la elegibilidad del niño para ser adoptado. Este proceso debe realizarse bajo la supervisión de un proveedor de servicios de adopción y, en muchos casos, con la asistencia de un abogado de inmigración.
Cumplir criterios
Para ser considerado como adoptable bajo el convenio de La Haya, el menor debe cumplir con criterios específicos, incluyendo tener menos de 16 años al momento de la presentación del formulario I-800, ser residente habitual de un país participante en la convención, y haber sido aprobado para adopción por la autoridad central de su país de origen.
Los requisitos para los adoptantes potenciales incluyen ser ciudadano estadounidense, ser residente habitual del país, y cumplir con criterios de edad mínima si no están casados. Estas medidas están diseñadas para asegurar que los niños sean colocados en entornos familiares adecuados y seguros, priorizando siempre su bienestar y derechos fundamentales.
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