Según la defensa de Rousseff, los cargos formulados contra la exmandataria se basaron en dos artículos de una ley que no es compatible con la Constitución de 1988.
La defensa de la ahora expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, presentó este viernes una apelación ante el Tribunal Supremo en la que exige que se anule la votación del Senado que la destituyó de su mandato. Concretamente, la apelación exige la anulación de esa votación, al menos hasta que la propia Corte Suprema se pronuncie sobre los principios legales en que se apoyó la condena.
¿En qué se basa la apelación? Según la defensa, los cargos formulados contra Rousseff estaban basados en dos artículos de una ley en vigor desde 1950, pero que no son compatibles con la Constitución de 1988 que, desde su punto de vista, "no incorporó" plenamente el texto legal que los contiene, conocido como "Ley de Impeachment".
¿En qué se basó la acusación? Rousseff fue destituida por dictar tres decretos que alteraron los presupuestos sin previa autorización del Congreso y por atrasos en depósitos que el Estado debería hacer en la banca pública para costear diversos planes del Gobierno, y que, según sostuvo la acusación, acabaron por convertirse en créditos y generaron costosos intereses. Así pues, el primer artículo en que se apoyó la acusación castiga toda violación "de la ley de presupuesto" y el segundo la obtención de créditos por parte del Estado con entidades financieras públicas, que están bajo su propio control.
Conflicto legal. De esa manera, la defensa pide que el Supremo se pronuncie sobre la supuesta "incompetencia" e "ilegalidad" de los artículos de la ley de 1950 en que fundamentaron tanto la acusación como los 61 senadores que, con su voto, declararon culpable a Rousseff.
Proceso de admisión de la demanda. La demanda de apelación ha caído en manos del magistrado Teori Zavascki, quien no tiene un plazo legal para pronunciarse y deberá decidir si esa acción puede ser admitida y llevada al pleno de la Corte Suprema, cuyo presidente, Ricardo Lewandowski, dirigió la etapa final del juicio contra Rousseff, como garante constitucional del proceso.
Comparte esta noticia