Walter Albán: “No esperemos milagros con estos representantes en la lucha anticorrupción”

Los peruanos consideran que el presidente es el principal encargado de liderar la lucha anticorrupción, señala una encuesta realizada por Proética en el 2017. Sin embargo, cinco presidentes peruanos han sido o son procesados por actos de corrupción. El más reciente escándalo es la acusación de compra de votos de Pedro Pablo Kuczynski, lo que motivó su renuncia.  

“Todo ello evidencia más de treinta años de líderes no comprometidos con la causa anticorrupción”, señala Walter Albán, director ejecutivo de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional.

A inicios del gobierno actual se realizaron esfuerzos para contar con una agenda anticorrupción. La Comisión Presidencial de Integridad presentó cien recomendaciones para prevenir y sancionar actos corruptos, además de promover la ética en las instituciones. Sin embargo, más de un año desde su publicación, solo trece recomendaciones se han implementado de forma correcta, como detalla el Observatorio de Integridad.

Albán analiza las condiciones que hacen a las instituciones públicas vulnerables ante la corrupción. Además, evalúa las recomendaciones que deben incorporarse para que dicho panorama pueda cambiar en los próximos años.

¿Por qué hay corrupción en las instituciones públicas?

La fuente que alimenta los diversos insumos con los que funcionan las instituciones es la política. Y la política está contaminada. Se está haciendo muy poco para que eso se solucione, por lo cual los problemas que genera han ido en aumento en la última década, sin posibilidad que sea frenado.

¿Hay algún avance en materia de institucionalidad?

No hay avances que se puedan reconocer. Los más importantes se produjeron con la caída del régimen de Alberto Fujimori. Se identificó la corrupción como un problema grave y se expresaron propósitos de luchar contra ella. El gobierno transitorio de Paniagua fue el primer momento donde se legisló para que hubiera transparencia y acceso a la información pública.

¿En qué aporta la transparencia y la data abierta?

La ciudadanía tiene recursos para exigir que la información le sea brindada. El problema es que en la práctica, el Estado aún se resiste a que se pueda hacer un escrutinio a fondo sobre su actuación. A pesar de ello, la ciudadanía está hoy mejor informada, y con posibilidad de informarse más. Es indispensable que la sociedad se haga más protagonista de la realidad del país.

¿El esfuerzo de combatir la corrupción tiene que venir de la ciudadanía?

Tenemos una ley de participación ciudadana que hace falta mejorar para contar con mejores condiciones. Lo que está claro es que la ciudadanía tiene el derecho de asumir un rol más activo y exigir que la información sea brindada, que las autoridades rindan cuentas.

¿La ciudadanía ha desempeñado ese rol fiscalizador?

Hasta hace un tiempo había demasiada tolerancia y conformidad con la situación. Uno de los aspectos positivos del escándalo Lava Jato es que esa situación se ha frenado. Ahora hay una demanda para que la corrupción no quede impune y sea investigada a fondo. Pero aún hace falta acompañar esto de cambios institucionales.

Iniciativas como la Comisión Presidencial de Integridad, que se formó a inicios del Gobierno, ¿lograron realizar aportes en la lucha anticorrupción?

El informe final de la Comisión es el plan que ayudaría a la reforma institucional. No solo se debe pensar en meter a la cárcel a los corruptos, sino en cómo debemos diseñar el Estado para salir de la situación de debilidad en la que nos encontramos y estar más preparados para prevenir mayor corrupción.

¿Cuánto se ha cumplido del informe final de la Comisión?

Muy poco. No llegamos a la tercera parte y, si comenzamos a examinar medida por medida, la mayoría es un cumplimiento muy formal. Por ejemplo, la Autoridad Autónoma de Transparencia se convirtió en un remedo de lo que se pedía. No es autónoma, sino una dirección más del Ministerio de Justicia.

Se pidió que el Presidente y sus ministros pudieran, por propia voluntad, declarar sus intereses. Finalmente lo hicieron. Sin embargo, cuando se trató de avanzar hacia el Congreso de la República, no se pudo lograr. Solo 17 congresistas hicieron esta declaración. Aquí solo se trata de que esto se legisle y sea una obligación para todos los altos funcionarios del Estado.

¿El problema fundamental es de voluntad política?

Es complejo, pero la política es lo que está más contaminado. Si tenemos ese tipo de representantes en la lucha anticorrupción, no podemos esperar milagros.

¿Cómo deberíamos pensar nuestro sistema de sanción y prevención?

Hay que apostar por que las recomendaciones de la Comisión Presidencial de Integridad no se queden en el archivo. Ese es el camino y hay que llegar a cumplir todos esos campos que pasan desde la contratación pública hasta el financiamiento de la política. Todo está contemplado, y debería ser nuestro plan maestro en mediano y largo plazo. Y debemos comenzar desde ahora.

¿Qué es lo más urgente actualmente para la lucha contra la corrupción?

Las condiciones para llevar adelante esto exigen un punto cero: que exista un liderazgo claro contra la corrupción. Lamentablemente el Perú no lo tiene en este momento. La gente identifica en la institución del Presidente de la República como el principal actor en la lucha anticorrupción. Habrá desconfianza hasta que cambiemos ese contexto.