Madre de Dios: siete concesiones de castaña investigadas por extraer ilegalmente madera

(Mongabay Latam / Yvette Sierra Praeli).- El viernes 28 de diciembre del 2018, la fiscal Karina Garay, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios, realizó su último operativo del año. Esa mañana ingresó a las oficinas de la Dirección Forestal y de Fauna Silvestre de Tahuamanu para incautar toda la documentación existente relacionada con siete casos que presentan irregularidades por la entrega ilegal de permisos para la extracción de madera en concesiones de castaña.

Un día antes había recibido un informe del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) que mostraba evidencia sobre una nueva modalidad para extraer madera de forma ilegal en los Bosques de Producción Permanente (BPP) de Madre de Dios.

“Las siete concesiones tienen la misma modalidad. Son bosques autorizados para aprovechar castaña, pero se están utilizando para extraer madera en una cantidad mayor a lo permitido en estas concesiones”, dijo Garay.

Tras la intervención, la fiscal presentó una medida cautelar ante el Poder Judicial para que se paralice la extracción, aprovechamiento y transporte de los productos forestales que provienen de las siete concesiones investigadas. En total son “21 personas denunciadas por estos casos entre regentes y funcionarios de la Dirección Forestal y de Fauna Silvestre de Tahuamanu”, precisó Garay.

Los regentes forestales serán denunciados por incluir información falsa en los permisos de extracción de madera que, según el Código Penal, es un delito ambiental sancionado con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años. Mientras que los funcionarios serán acusados por entregar permisos que no cumplen con las normas establecidas para este tipo de concesiones. Por ahora, los titulares de las concesiones serán citados para un interrogatorio, pero la fiscal Garay no descarta que se les denuncie como cómplices del fraude.

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Evidencias de la ilegalidad

Mongabay Latam tuvo acceso al informe del Serfor y en este se precisa que se trataría de “un modus operandi para obtener la autorización de altos volúmenes de madera a fin de amparar productos de origen ilegal contraviniendo la legislación forestal”.

El caso salió a la luz luego de que Serfor recibiera una denuncia por la deforestación de bosques de producción permanente en las localidades de San Lorenzo y Alerta, en la provincia de Tahuamanu. Los lugares están ubicados entre los kilómetros 119 y 125 de la carretera Interoceánica, a 15 kilómetros aproximadamente de la vía.

Lo que llamó la atención de las autoridades es que hasta el 4 de setiembre de 2018 el bosque permanecía intacto. Esto lo corroboraron con las imágenes satelitales obtenidas y con una verificación en campo. Pero a partir del 29 del mismo mes, aparecieron vías principales y secundarias de extracción forestal, con una extensión aproximada de 30 kilómetros y que se interconectaban con la carretera Interoceánica, además de patios de acopio. Un cambio abrupto en el paisaje en menos de un mes.

Un sobrevuelo de la Fuerza Aérea del Perú, como parte de la Operación Harpía IV, en la que Mongabay Latam participó, confirmó el daño que se estaba produciendo.

Se observaron trochas, vehículos transitando por ellas, espacios del bosque talados, campamentos y puntos de acopio de madera con maquinaria pesada. Antes de esta acción solo se contaba con data de las imágenes satelitales, pero no se tenían detalles de lo que estaba sucediendo en el campo.

Más de 20 áreas fueron registradas en fotos y videos, imágenes georreferenciadas que fueron importantes para definir los puntos exactos donde se está extrayendo madera, donde se ubican las vías y donde se observan los tractores. Este registro logrado con cámaras ADS80 y Flir instaladas en los aviones sirvió para sustentar el alto impacto que está causando la extracción de madera en estos bosques.

Esta operación, sumada a la investigación realizada por el Serfor, permitió establecer que aquellos indicios de tala ilegal estaban revestidos de legalidad. Son varios los elementos que se han ido descubriendo en el camino y que ahora han sido incluidos dentro del expediente judicial como evidencia del delito.

Un contrato de concesión para castaña que luego contó con un permiso para extraer madera es una de las pruebas. Pero también están las imágenes de la FAP que confirman cómo se ha utilizado maquinaria pesada en un espacio que debería tener bajo impacto y del que no deberían extraerse grandes cantidades de madera. A ello se debe agregar que en los planes de manejo se ha permitido la extracción de shihuahuaco en cantidades excesivas, según Mirbel Epiquién, exdirector de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre de Serfor.

Una versión ampliada de esta historia fue publicada en Mongabay Latam. Puedes leerla aquí. 

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