El viejo anhelo de reforma de la justicia

Alfonso Quiroz, en su “Historia de la corrupción en el Perú”, ha referido el “Discurso y reflexiones políticas sobre el estado presente de los reinos del Perú”, de Antonio de Ulloa y Jorge Juan, quienes a mediados del siglo XVIII ya advertían cómo las autoridades locales sobornaban a los jueces y cómo los magistrados a cargo de los denominados juicios de residencia, que se efectuaban al término del cumplimiento de la función virreinal, no eran sino mascaradas a cargo de juzgadores del mismo círculo de patronazgos e intereses.

El Reglamento Provisional para el Régimen de los Tribunales de Justicia de 1822, suscrito por Torre Tagle, recordaba también en su sección introductoria que “bastaba ver la corrupción casi general de los jueces, y el orden estudiosamente lento que observaban los que hacían el tráfico forense, para exclamar al cielo y pedir venganza contra la criminal federación del gobierno y los depositarios de la autoridad judiciaria”. No sorprende pues que en las Tradiciones Peruanas de don Ricardo Palma se encuentren expresiones que dan cuenta del sentimiento popular sobre algunos magistrados coloniales: “¡Juez de patarata, quémate como rata!”.

La desconfianza en la judicatura se ha mantenido a lo largo del tiempo. El reconocido Latinobarómetro, que compara percepciones ciudadanas sobre estado, democracia y expectativas económicas, da cuenta en su última versión, conocida el 8 de noviembre, del grado de confianza de la población en el Poder Judicial en casi todos los países de la región. El Perú ocupa el antepenúltimo lugar en el cuadro, superando solo a Nicaragua y El Salvador. Mientras en Costa Rica el 49 por ciento de los encuestados confía en sus jueces, en el Perú solo el 16 por ciento expresa esa confianza.

El Foro Económico Mundial, en su Índice Global de Competitividad publicado el 16 de octubre de este año, reconoce las fortalezas macroeconómicas del Perú, pero señala como su mayor debilidad la calidad de nuestras instituciones y, entre ellas, la del Poder Judicial. Considera que la falta de independencia de este poder del estado y la vulnerabilidad de los derechos de propiedad, constituyen obstáculos severos para el desarrollo del país. En materia de independencia judicial nos coloca en el puesto 115 de su ranking (sobre 140 economías), mientras en respeto por los derechos de propiedad nos rezaga hasta la ubicación 117. En esas posiciones la justicia peruana disputa los últimos lugares a nivel global.

El clamor histórico para hacer cambios en el sistema de justicia, que resuena aún con más ímpetu en nuestros días, parece finalmente haber sido escuchado. Las propuestas presidenciales de reforma, que se suman a otras muchas, configuran hoy un escenario excepcional para el cambio. Dependerá de la firmeza de voluntad de líderes políticos y jurisdiccionales no dejar pasar una oportunidad extraordinaria, para hacer de la nuestra, finalmente, una justicia más célere, transparente y previsible.