La reforma constitucional, aprobada mediante referéndum, ha sumado a nuestra carta magna la figura del financiamiento ilegal de las organizaciones políticas, ya vigente en varios países de Europa. La sanción penal ayudará en nuestro país a romper el círculo de corrupción que se inicia con el financiamiento de campañas y concluye con la asignación fraudulenta de obras públicas.
La inmunidad parlamentaria es una prerrogativa especial de los congresistas, cuyo sentido es protegerlos ante la eventualidad de una persecución política y del uso de la justicia para afectar la independencia del Poder Legislativo. El abuso de la inmunidad alienta la impunidad, deslegitima aún más a la mayoría dominante en el Congreso y mina la credibilidad de nuestra democracia.
La prisión preventiva tiene un carácter preliminar, que no pretende adelantar la fase de juzgamiento. Solo busca evitar que el investigado se sustraiga de la acción de la justicia. En el caso del policía que abatió en Piura a un delincuente durante su huida, la prisión decretada puede ser excesiva, más aún cuando no se ha acreditado el riesgo de fuga o la capacidad de obstaculizar la acción penal, por parte de un modesto suboficial con trabajo conocido, con familia a cargo, con domicilio demostrable y sin influencia personal para afectar el proceso.
Aunque el artículo 117 de la Constitución precisa cuáles son las únicas causales por las que el Presidente puede ser acusado durante su mandato, la misma carta establece la figura de la vacancia por incapacidad moral, ante la flagrancia de conductas gravemente reprensibles. La denuncia contra el Presidente no tiene tales fundamentos ni existen las condiciones políticas para procesarla.
El juez Concepción Carhuancho ha mantenido una misma línea jurisprudencial en sus criterios respecto de la prisión preventiva y de la calificación que hace del delito de lavado de activos. Es difícil asumir que su postura esté parcializada. El fundamento usado para su recusación no resulta consistente. Incluso, la decisión de la sala afecta el derecho constitucional a la libertad de expresión.
Las experiencias demuestran que la lucha anticorrupción no termina con la sanción del culpable, sino que la vigilancia es permanente para evitar todo atisbo antidemocrático.
En estos meses, en los que se harán propuestas sobre la reforma política, alguna reflexión habrá que reservar para nombrar nuestro pasado, para hurgar en nuestras formas ancestrales de representación, para acercar el diseño de las instituciones a los valores de nuestro pueblo y a sus prácticas cotidianas. Solo así estas serán más creíbles y legítimas, más operantes y eficientes.
La nocturnidad de las fiestas de fin de año no será nunca escenario propicio para el despropósito de contrariar el mandato popular contra la corrupción. Los fiscales no dependen del titular del Ministerio Público, por lo tanto, su traslado solo puede realizarse a su solicitud o con su anuencia.
La consulta popular es solo el inicio de los procesos de reformas. La tarea de la ciudadanía no ha terminado. Ahora le corresponde estar vigilante de que el Congreso discuta los proyectos y se dicten las leyes necesarias para llevarlas a cabo.
