El Tribunal Constitucional ante la disolución del Congreso
El Tribunal Constitucional, ante el conflicto planteado entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, debe garantizar que sea el pueblo el verdadero dirimente.
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Vicerrector académico de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ex ministro de Justicia y Derechos Humanos. Es abogado y magíster en Periodismo y licenciado en Ciencias Sociales por ILADES (Santiago de Chile) y la Pontificia Universidad Gregoriana (Roma). Con estudios de Doctorado en Derecho en la Universidad de Deusto (Bilbao) y doctor en la Universidad Complutense de Madrid.
El Tribunal Constitucional, ante el conflicto planteado entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, debe garantizar que sea el pueblo el verdadero dirimente.
La disolución del Congreso se ajusta a nuestro marco constitucional. Agotadas todas las vías de acuerdo, ella busca dar al pueblo la posibilidad de dirimir en el conflicto entre poderes.
No bastan 87 votos en el Congreso para legitimar la elección del TC, si no se observan principios de acceso a la información, transparencia, publicidad e independencia, como demanda a nivel internacional la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados.
El Congreso busca dilatar el debate sobre el adelanto de elecciones a través de una consulta a la Comisión de Venecia. No podemos perder de vista, sin embargo, que está en juego la lucha contra la corrupción y la estabilidad política del país.
El primer ministro Trudeau ha anunciado la disolución de la cámara de los comunes en su país. ¿Es Canadá el referente para analizar esa figura en el Perú? Los casos de Francia, Portugal y Finlandia parecen mucho más adecuados a las características del régimen semipresidencial peruano.
En pleno debate sobre el adelanto de elecciones se ha puesto en agenda la muerte de recién nacidos en hospitales públicos. Los datos desnudan la vulneración del derecho a la salud, la corresponsabilidad de diversos actores y la necesidad de vías para su exigibilidad.
El inminente diálogo entre el presidente Vizcarra y el titular del Congreso es ocasión para reflexionar sobre el sentido del consenso y sus condiciones básicas.
Cuando la sociedad peruana se debate en una encrucijada ética, ante las graves consecuencias de la corrupción, cabe una reflexión sobre el sentido de la formación profesional, a veces limitada solo a sus aspectos técnicos.
La reforma de las instituciones políticas y de la justicia es un imperativo para alcanzar el desarrollo. La indiferencia ante ella priva al país de un horizonte de progreso y bienestar.
El Tribunal Constitucional informó hace pocos días su decisión de no participar del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Su negativa afecta el proceso y priva al país de una perspectiva del mayor relieve.