
Hace unas semanas asistí a la presentación del estudio “Entre la precariedad y la búsqueda de la prosperidad: las redes sociales como un espacio de riesgo para la captación de víctimas de trata”. Esta investigación muestra cómo plataformas como Facebook, TikTok e Instagram, sin mayor control ni supervisión, se han convertido en terreno fértil para que redes criminales atraigan, capten y exploten a niñas, adolescentes y jóvenes.
La publicación, liderada por la politóloga Omayra Peña junto con un equipo de jóvenes investigadoras, combina herramientas cualitativas y cuantitativas. A partir de entrevistas a actores clave y de una exploración digital inédita, analizaron más de 32 mil anuncios de empleo en redes sociales. Para ello crearon perfiles de mujeres jóvenes generados con inteligencia artificial, que simulaban estar en búsqueda activa de trabajo.
El equipo aplicó técnicas como web scraping (extracción automática de datos), APIs (protocolos de interacción con aplicaciones), text mining (minería de textos) y análisis de bigramas (secuencias de dos palabras consecutivas). Con estos recursos construyeron un Índice de Exposición a la Trata de Personas, capaz de medir el nivel de riesgo al interactuar con anuncios laborales en línea. Un hallazgo clave: las ofertas más peligrosas son aquellas que prometen altos sueldos inmediatos y sin necesidad de experiencia previa.
Los resultados de la investigación son alarmantes. De los 32 mil 497 anuncios revisados en los ámbitos de Piura, Madre de Dios y Lima, el 42,66% cumplía al menos un criterio de riesgo; el 33,69% cumplía dos, lo que los vuelve altamente peligrosos; y el 8,35% cumplía tres, revelando una exposición extremadamente alta. Solo el 0,54% cumplía con todos los criterios de riesgo, aunque la mayoría de estos suelen ser bloqueados por los algoritmos. El estudio concluye que Facebook es la red con mayor exposición, seguida a distancia por Instagram y TikTok.
¿Y el Estado? Mientras la trata de personas se adapta con rapidez a las tecnologías digitales, las respuestas estatales avanzan con lentitud. Si bien hay esfuerzos destacables, como los “patrullajes virtuales” del Ministerio del Interior, las capacidades institucionales están debilitadas por la rotación constante de personal clave, la corrupción y la escasa coordinación con el Ministerio Público y los gobiernos regionales y locales.
El informe también recuerda que la trata no es un fenómeno aislado, está profundamente vinculada con problemas estructurales como la informalidad laboral, la falta de servicios públicos, la desigualdad de género y la baja calidad educativa. Además, alerta sobre nuevos escenarios de captación en entornos de streaming y videojuegos en línea como FIFA, Warcraft o Free Fire, que constituyen un riesgo particular para adolescentes varones.
A manera de conclusión, investigaciones como esta, elaboradas con metodologías frescas e innovadoras, deben convertirse en insumos centrales para la acción estatal. Resulta relevante incorporar los principales hallazgos a las políticas públicas, si queremos superar el anquilosamiento, la lentitud, el desfase y las brechas digitales que hoy caracterizan la lucha contra la trata de personas en el Perú.
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