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Jurista
Responsable de la línea de Movilidad Humana del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP). Especialista en migración, protección internacional y trata de personas, y docente del curso de la Clínica de Derechos de las personas migrantes y refugiadas en la PUCP.
La necesidad de promover vías de regularización migratoria es, sin duda, urgente. La cuestión es saber qué tipo de vía y con qué condiciones.
El regreso a la normalidad para las personas que buscan protección no es una opción. Necesitamos plantear y criticar la fragilidad del sistema de refugio para repensarlo
La recolección de los cuerpos de personas fallecidas por la COVID-19 es sin duda una labor esencial que “nadie” se ofrece a realizar por los riesgos que implica.
En tiempos de COVID-19, el retorno se convierte en una (nueva) opción frente a la imposibilidad de “quedarse en casa”.
Los riesgos de propagación del COVID-19 pueden ser una oportunidad para fortalecer la red de respuestas hacia la población en condiciones de vulnerabilidad, particularmente la población migrante que actualmente reside en albergues temporales en el país.
La solidaridad y empatía no tienen límites, aún menos basados en criterios como la nacionalidad o la condición migratoria.
Equiparar nacionalidad a la delincuencia e irregularidad migratoria, como se ha hecho en los últimos meses en el Perú, es infundado, incoherente y discriminatorio.
La participación de las poblaciones migrantes en las movilizaciones sociales es natural y necesaria.
Las personas venezolanas en Lima se ven inmersas en una ciudad grande y compleja en la cual buscan, al igual que muchos y muchas, principalmente sobrevivir.
Conocer nuestras historias es el primer paso para empezar nuevas historias de convivencia que parten de la empatía.
