No somos chilenos pero…

“Sopaipilla la arepa está contigo”, “No somos chilenos, pero vivimos en este lindo país y queremos lo mejor para él” y “Hermano chileno el Perú está contigo” son algunos de los carteles que se han podido ver en la marchas de las últimas semanas en Chile. Carteles que visibilizan la participación de la población migrante peruana, venezolana, haitiana, entre otras comunidades en la movilización histórica que está viviendo Chile.

La participación de las personas migrantes en esta movilización no debe sorprendernos. Alrededor del 6.7% de la población que vive Chile es migrante. La comunidad peruana fue hasta hace poco la más numerosa y, ahora ha sido superada por la población venezolana, quién frente a la grave crisis humanitaria, política y social huyen hacia el Sur. Más allá de los números, la participación de las poblaciones migrantes en las movilizaciones sociales es natural y necesaria. Lo primero, porque comentaba en una columna reciente, todas las personas que convivimos en un mismo lugar, más allá de nuestra nacionalidad y condición migratoria, compartimos no solo un espacio físico sino servicios e instituciones. Es así que las demandas del pueblo chileno hacia su Estado son también demandas de la población migrante.

Esta participación es también necesaria porque la población migrante es la que sufre, de primera mano, al lado de otras poblaciones históricamente marginadas como la indígena, la precarización laboral, la discriminación y la falta de acceso a derechos tales como la educación, la vivienda o la salud. Los numerosos estudios sobre la migración peruana a Chile dan cuenta de un contexto marcado por la discriminación estructural, las situaciones de maltrato y la explotación laboral, entre otros rasgos. Y ese panorama no es de extrañar cuando miramos a la situación de la población venezolana en el Perú.

Más allá de las luchas comunes, no cabe duda de que la población migrante tiene reivindicaciones propias desde su condición de migrante tales como la adopción de un nuevo marco normativo migratorio, el fin de la política de criminalización de la migración o, el posicionamiento en contra de ciertas medidas de cierre de fronteras como la visa de responsabilidad democrática para la población venezolana. Es así que, en los últimos meses, los distintos colectivos también se han movilizado para defender sus derechos como personas migrantes. Estas distintas luchas, lejos de ser alejadas, desafían en su conjunto al Estado y le recuerdan su obligación de garantizar los derechos de todos. Así esperamos que lo que se vive en el país vecino genere cambios estructurales que permiten lograr mayor igualdad para todos y todas sin importar donde nacieron.