COVID-19: políticas sociales para migrantes ante la emergencia

* Esta columna fue escrita en conjunto por Cécile Blouin e Iris Jave

Según información de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el 18 % de las personas venezolanas encuestadas que ingresó al Perú́ entre septiembre y diciembre 2019, necesita acceder a un albergue. Ello refleja la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentra la población venezolana, que no cuenta con redes de apoyo para alojarse. Varios estudios dan cuenta de la multiplicación de albergues privados en los últimos 3 años –se estiman en 17 solo en la ciudad de Lima-, la mayoría son gestionados por iniciativas privadas, particulares o entidades religiosas.

Si bien los albergues carecen de una adecuada infraestructura y servicios, se han convertido en espacios necesarios para resolver la urgencia de las personas migrantes. En ese sentido, también sirven como un espacio de contención y apoyo para la población venezolana. Los albergues se han convertido en espacios primordiales para esta población ya que brindan un servicio de acogida fundamental–un lugar donde vivir-, y su rol va incluso más allá. Se generan, en estos lugares, espacios de convivencia que ayudan a las personas migrantes a enfrentar las dificultades vinculadas al desarraigo, los problemas legales de regularización migratoria o, los trámites para la solicitud de refugio.  Mediante el acompañamiento psicosocial, el trabajo comunitario o, simplemente las reuniones semanales del albergue, la población migrante encuentra en estos lugares un espacio de acogida vital.

En la actual situación de emergencia debido al COVID-19, los albergues enfrentan una serie de dificultades para cumplir con la medida de aislamiento social lo que genera una preocupación para la debida protección y atención de la población albergada. Los riesgos de propagación deben fortalecer la red de respuestas para la población en condiciones de vulnerabilidad, y la población migrante residente en albergues forma parte de ella. Las respuestas no pueden ser de cierre o de represión como ha ocurrido con una reciente intervención policial en un albergue de San Juan de Lurigancho, que acoge unas 100 personas.

Los albergues no cuentan con apoyo económico ni asistencia técnica de ninguna entidad del estado. En ese sentido, y más aún frente a la emergencia del COVID-19, resulta pertinente incluir a los albergues como parte de una política articulada del Estado, que incluya a los sectores Salud, Inclusión social, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Migraciones e Interior. Se trata entonces de promover iniciativas de articulación que permitan orientar el funcionamiento y la prevención en salud; estrategias de atención para la población migrante e, incluso promover la identificación de buenas prácticas. Todo ello con miras a generar políticas públicas que atiendan de forma integral a la población migrante.

En los años 80 y 90, numerosos peruanos y peruanas migraron hacia el exterior debido a la situación de violencia y de crisis económica por la que atravesaba el país. Los destinos prioritarios fueron entonces Estados Unidos, España, Italia y Japón; desde esos países correspondió incorporar instancias de atención a la población migrante. Incluso hasta hoy en día parte de la población peruana sigue buscando destinos para un mejor futuro. Recordar esas experiencias, tan cercanas a nuestras vidas, puede ayudar a imaginar nuevas formas de articulación y atención a la población migrante que hoy toca las puertas de nuestras ciudades.