La informalidad como concepto aparece en los años 70 del siglo pasado. El primero que utilizó el término fue el investigador Keith Hart para explicar el empleo urbano en las ciudades del África. En el 1972, la OIT promueve una investigación sobre el empleo en Kenia, y utiliza el concepto de “Sector Informal Urbano – SIU”, el que se extendió rápidamente en todo el mundo académico.
Para la OIT, y los investigadores que logró convocar y atraer, las causas de la informalidad estaban directamente vinculadas a la incapacidad del sector formal de la economía en generar suficientes empleos que atiendan a la creciente población de los países en desarrollo. En estos países, los jóvenes (y adultos) que ingresaban al mercado laboral y no podían obtener un puesto de trabajo que les pagara un salario adecuado, se vieron obligados a “inventar” su propio puesto de trabajo en el sector informal. Esta escuela de pensamiento recibió el nombre de “estructuralista”.
Las actividades más características del sector informal son los vendedores ambulantes, que atosigan las ciudades del tercer mundo, los trabajadores independientes (cuidadores y limpiadores de autos, heladeros, lustradores de zapato, zapateros, gasfiteros, entre otros), microempresas urbanas, y pequeños productores agrarios. Todas ellas se caracterizan por su baja productividad pues usan tecnologías tradicionales u obsoletas, carecen de gestión moderna, atienden mercados de bajos ingresos y no tienen acceso a crédito formal. Esta baja productividad es la causa de los bajos ingresos de sus conductores y sus trabajadores, y por ello, muchos de ellos se encuentran debajo de la línea de la pobreza.
En la década de 1980 aparece una corriente de opinión que ve el fenómeno informal de una manera diferente. La informalidad tendría como causa los altos costos de la formalidad, los trámites engorrosos que el Estado impone, los elevados impuestos, la ineficiencia y corrupción de las instituciones públicas. Por ello, las personas de a pie, en una decisión racional, optaban por abandonar la formalidad e ingresar a la informalidad. Esta escuela, llamada “legalista”, tuvo como principal promotor a Hernando De Soto. Sus tesis coincidían en forma casi perfecta, con las políticas económicas neoliberales que propiciaban un achicamiento del Estado y una reducción de la regulación e impuestos. Esta escuela y las políticas que proponía tuvieron gran acogida en el Perú; se volvieron políticas públicas durante los gobiernos de Alberto Fujimori (1990-2000) y Alan García (2006-2011).
Sin embargo, luego de 29 años de aplicación de dichas políticas, la informalidad no solo no se ha reducido, sino que ha crecido. Hoy día, el empleo informal alcanza al 72 % de la Población Económicamente Activa (PEA), todo un récord a nivel latinoamericano y mundial. Lo trágico es que el gobierno, los medios, incluso la opinión pública, no asocian el incremento de la informalidad a las malas políticas públicas aplicadas en los últimos años.
Es tiempo de reconocer el fracaso de dichas políticas y retomar las políticas y propuestas de la OIT, que tienen dos objetivos centrales: (i) diversificar la estructura productiva del sector formal para generar mayor empleo decente, y (ii) aumentar la productividad de las actividades informales para elevar sus ingresos y salir de la pobreza. Estas medidas son las responsables del éxito económico de países como Corea, Singapur, Portugal, China y la India. ¿Qué estamos esperando?
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