Víctimas del periodo de violencia frente a la Covid-19

Las políticas de desarrollo y de reparaciones deben plantear una relación complementaria, incorporando el componente de derechos de las víctimas, sin descuidar otros derechos fundamentales.

Iris Jave

Iris Jave

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Un vídeo recientemente elaborado por la ANFASEP[1] expone a las señoras, adultas mayores, víctimas de la violencia, en una situación de máxima vulnerabilidad: solas, en viviendas precarias, sin contar con servicios básicos de agua y alimentación, en medio del temor y la incertidumbre frente a una enfermedad desconocida. Ellas no ha recibido el bono 380 que otorga el MIDIS ni el apoyo de su municipalidad, a cargo de distribuir canastas de alimentos a la población considerada en situación vulnerable. Para estas victimas de la violencia, la situación no ha cambiado mucho desde los años 80 y en medio de la crisis de la Covid-19 ello se hace más clamoroso.

Los esfuerzos del gobierno se han orientado a respuestas rápidas y eficaces. Sin embargo, al parecer los criterios para definir a la población beneficiaria de algunos municipios son distintos de los del MIDIS –como señala el vídeo desde Ayacucho-. Ello pone en evidencia la falta de información requerida para el diseño e implementación de políticas. Parece que el MIDIS no cuenta con información detallada de estos grupos de víctimas, quizá no por falta de voluntad, sino debido a la desarticulación que prevalece en el propio estado: para empezar, la falta de información unificada de los registros que permita obtener un perfil más elaborado de la población que requiere atención.

Bastaría mirar el Registro Único de Víctimas[2], creado en el 2006, sin embargo este no aporta información sobre la situación de pobreza en la que se encuentra la mayoría de las víctimas. Los criterios para acceder al Bono 380 son la situación de pobreza y la falta de empleo, entre otros. La CVR señaló que el 75% de las víctimas del conflicto armado interno está compuesto por población quechuahablante, proveniente de sector rural y pobre. Parece que esta situación no ha cambiado mucho y seguimos encontrando a las víctimas del periodo de violencia en la misma situación de hace más de 30 años.

Así nos enfrentamos una vez más a la doble afectación en las personas víctimas del CAI: a la pérdida de uno o varios familiares, el impacto psicosocial y la ruptura de su proyecto de vida, se suma la afectación de la pobreza. ¿Qué políticas corresponden a esta doble afectación? Las reparaciones, a cargo de la CMAN, fueron pensadas para atender a la condición de víctima. Si las víctimas siguen siendo pobres, ¿les corresponden políticas de inclusión social? Si es así, ¿Cuál sería el contenido reparador que deberían tener las medidas dirigidas a garantizar el bienestar de las víctimas desde una óptica de desarrollo?.

No se trata de priorizar el enfoque de desarrollo por sobre el de derechos, pues abandonar el sentido reparador afectaría el reconocimiento a la dignidad de las víctimas. Las políticas de desarrollo y de reparaciones deben plantear una relación complementaria, incorporando el componente de derechos de las víctimas, sin descuidar otros derechos fundamentales. La situación de emergencia nos recuerda esta doble afectación y la necesidad de reconocer la dignidad de las víctimas en tanto personas y ciudadanas.

 

[1] Ver: “Anfasep en tiempos de Coronavirus” https://www.facebook.com/HijosyNietosdeAnfasep/videos/2946368465439499/?v=2946368465439499

[2] Para más información ver: http://www.ruv.gob.pe/registro.html

| Fuente: Andina

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