La estabilidad macroeconómica es la situación mediante la cual se logra establecer simultáneamente el equilibrio interno, es decir, maximizar el pleno empleo a la menor tasa de inflación posible, y el equilibrio externo, es decir, mantener la sostenibilidad de la cuenta corriente de la balanza de pagos.
Con respecto al equilibrio externo, debemos indicar que existen numerosos factores que pueden afectar directa e indirectamente el desempeño de la balanza de pagos, tales como el diferencial de las tasas de interés, los tipos de cambio nominales y reales, la evolución de los términos de intercambio, la política monetaria y fiscal, entre otros.
En este marco, es interesante tomar nota del denominado enfoque fiscal de la balanza de pagos, en el cual se establece que el comportamiento y la sostenibilidad de la cuenta corriente de una economía pueden estar directamente relacionados con el trayecto del déficit del presupuesto público. A este fenómeno se le ha venido a denominar el twin effect. Por ejemplo, un pronunciado déficit fiscal puede deteriorar la posición de la cuenta corriente de la balanza de pagos, en tanto que presiona por un mayor endeudamiento externo, justamente para financiarlo.
En el cuadro 1, observamos que el déficit fiscal para la economía peruana (véase el resultado económico del sector público no financiero) registró -3 % del PBI en el 2017 y -2,3 % en el 2018. Si seguimos la trayectoria de la cuenta corriente de la balanza de pagos para este mismo período, observamos que registró -1,2 % del PBI en el 2017 y -1,6 % en el 2018. A primera vista podríamos decir, no de manera concluyente, que para el caso peruano se observa que trayectorias de déficit fiscal vienen acompañadas de cuentas corrientes negativas, lo que es generalmente usual en economías emergentes como la peruana.
Por otro lado, sabemos que el Estado peruano se ha comprometido ante la comunidad económica y financiera internacional a retomar en el año 2021 el objetivo de un déficit fiscal no mayor al 1 % del PBI, lo cual es absolutamente responsable, pues nos devuelve la necesaria credibilidad y predictibilidad en el manejo de la cosa pública, en un contexto global previsiblemente complicado a consecuencia de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China.
En el caso peruano, cabe indicar que el presupuesto del sector público para el año 2005 fue de aproximadamente 15.150 millones de dólares. Para el 2019 se ha estipulado un presupuesto cercano a 50.500 millones de dólares. Es decir, en 15 años se habrían más que triplicado los recursos públicos, bien para destinarlos a gastos corrientes, de capital u otros. Cabe preguntarse, entonces, sobre la efectiva contribución del sector público para incrementar la competitividad de nuestras exportaciones no tradicionales, especialmente a través de los servicios no transables, y así contribuir a lograr una mejor posición relativa en la cuenta corriente de la balanza de pagos.
En atención a lo dicho, estimamos que existen extraordinarios espacios de mejora en el campo de la administración y el gasto público, en el marco de las reformas estructurales.
Asimismo, respecto del talento humano, podemos afirmar en términos muy agregados que aproximadamente un 10 % de la población económicamente activa (PEA) del Perú labora en el sector público. De esta población, cerca de un 40 % se encuentra bajo el régimen de carreras especiales; un 20 %, bajo el régimen CAS; otro 20 %, en calidad de nombrados (D. Leg. 276); un 10 %, bajo el régimen privado (D. Leg. 728); y cerca del 10 % son contratados bajo locación de servicios. Entonces, ¿existe espacio para optimizar el empleo público en el Perú? ¿Cuentan los ministerios con un estricto mapeo de perfiles de puestos para justificar las contrataciones? ¿Ha impulsado SERVIR la atracción de talento humano en términos meritocráticos?
No nos cabe duda de que las instituciones importan para lograr un crecimiento económico sostenido y con equidad. Pero, para consolidar una economía emergente como la peruana y optimizar el sector público, hace falta una efectiva reforma del Poder Ejecutivo, que nos permita una mayor generación de riqueza, diversificación de nuestras exportaciones y consolidar una senda de progreso sostenido.
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