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por Julio Cisneros
·El Ministerio Público solicitó contra el expresidente del Gabinete Ministerial una pena de cuatro años y ocho meses de prisión, su inhabilitación por ocho años y ocho meses para ejercer cargo público y el pago de una pena multa de 39 mil soles.
El Poder Judicial levantó la orden de impedimento de salida del país que se dictó en contra del expresidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, como parte del proceso penal que se le sigue como presunto instigador del delito de tráfico de influencias reales en agravio del Estado.
El juez supremo, Juan Carlos Checkley, dispuso esta acción de oficio al advertir que la medida impuesta a Villanueva Arévalo por el plazo de 18 meses, el 6 de diciembre del 2019, "ya caducó", toda vez que no se solicitó su prórroga dentro del plazo correspondiente por lo que dicha medida expiró indefectiblemente dado el tiempo transcurrido.
Mediante una resolución emitida el último 22 de mayo a la que tuvo acceso RPP, el magistrado dispuso remitir un oficio a la Superintendencia Nacional de Migraciones y al jefe de la División de la Policía Judicial informando sobre el vencimiento de la medida coercitiva de impedimento de salida del país por 18 meses que se dictó contra el exjefe del Gabinete Ministerial en este proceso penal.
En la actualidad, César Villanueva afronta un juicio oral a cargo de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, en el que el Ministerio Público pidió que se le imponga la pena de cuatro años y ocho meses de prisión, su inhabilitación por ocho años y ocho meses para ejercer cargo público y el pago de una pena multa de 39 mil soles al acusarlo de presuntamente haber contactado al entonces fiscal Superior, Alberto Rossel Alvarado, para conseguir información sobre la investigación fiscal que se le seguía por el caso Odebrecht y así obtener supuestos beneficios en este proceso penal.
Sobre este último caso, el fiscal Germán Juárez Atoche pidió 33 años y ocho meses de prisión contra César Villanueva por las presuntas irregularidades detectadas en el otorgamiento de la buena pro a la empresa brasilera Odebrecht en el año 2,008 para adjudicarse la construcción de la Carretera San José de Sisa cuando fue Gobernador Regional de San Martin.
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