Juventudes: Agenda pendiente

Hoy, la agenda política está marcada por la lucha frontal contra la corrupción y sin duda es un tema fundamental que afecta el sistema social y político a todo nivel, y en eso hay que persistir. La ciudadanía y en particular las juventudes rechazan con firmeza la corrupción, y aún guardan esperanza por la justicia, pero ¿qué está haciendo el Estado peruano por las juventudes? A mi juicio esta es una tarea pendiente.

Las políticas públicas orientadas a las juventudes se definen recién a partir del 2002 con la creación del Consejo Nacional de Juventud (Conaju), cuya representación participaba del Consejo de Ministros. No fue sino hasta el 2006 que se diseñó el primer plan nacional de juventudes para el periodo 2006-2011. Sin embargo, a partir del 2007, se redujo el peso del Conaju, cambia su denominación y es incorporada como Secretaría Nacional de la Juventud (Senaju) adscrita al Ministerio de Educación. Un lugar estrecho tratándose de la instancia rectora que debiera liderar las políticas para la atención de 7 millones 300 mil peruanas y peruanos de 15 a 29 años de edad (según el Censo 2017) en aspectos fundamentales de carácter intersectorial como empleo, inclusión, educación, salud y participación.

La primera y única encuesta nacional de juventudes (2011) demuestra que no se puede hablar de juventud sino de juventudes, determinadas por la combinación de diversos marcadores. Por ejemplo, las y los jóvenes indígenas, para quienes la edad normativa que delimita la juventud no los abarca necesariamente. Estaríamos ante un concepto que marca una etapa de vida que se inicia con la madurez biológica de los individuos y concluye con la madurez social, es decir cuando asumen compromisos y responsabilidades asociados con el matrimonio, la familia y la comunidad, como ha planteado la investigadora mexicana Maya Pérez en una investigación a nivel latinoamericano.

Desde esta perspectiva, tratándose de poblaciones indígenas la condición juvenil no puede circunscribirse a la edad sino que requiere ser comprendida en los diversos escenarios donde transcurre la vida de las juventudes. Las políticas públicas debieran considerar estas particularidades para enfrentar eficazmente las brechas de desigualdad marcadas por la ubicación geográfica, el género y la cultura. ¿Qué posibilidades de salir adelante tienen las y los jóvenes andinos y amazónicos con una educación deficiente en sus comunidades? ¿Dónde están puestas sus aspiraciones? ¿Qué oportunidades les ofrece el Estado peruano?

Un camino interesante es promover la participación organizada juvenil. No me refiero a esa participación institucionalizada y formalizada a través de mecanismos pensados en un escritorio, sino a la participación protagónica y autónoma generada a partir de las propias experiencias juveniles, aquellas que construyen identidad y proyecto político propio, una participación que dispute el poder adulto para que sea posible la transformación desde una perspectiva juvenil, capaz de ofrecer respuestas a sus propias necesidades y demandas. Paradójicamente, esto supone amplitud y madurez de las organizaciones e instituciones gubernamentales y de la sociedad civil y por supuesto voluntad y decisión política para atender la agenda pendiente juvenil.