Inversión pública para una economía sin oxígeno

Lejos se ven esos días en donde el mayor reto de la Ministra de Economía era frenar la desaceleración económica y lograr un crecimiento mayor a 2%.  La coyuntura de ese entonces, producto de una crisis política, la paralización de proyectos mineros, y un entorno internacional complejo, obligó al MEF a pensar en la inversión pública como el principal colchón que sostendría a la economía y reduciría los estragos de una actividad económica lenta. Finalmente, tras la implementación de un conjunto de medidas en los últimos meses del año, que apuntaron al seguimiento con lupa en la ejecución de los proyectos de inversión, se logró una ejecución del 66.2%.

Hoy en día, la pandemia causada por la COVID-19 ha obligado al gobierno a prácticamente inducir a la economía entera a un estado de coma, el cual sin duda traerá severas secuelas y cifras en rojo que superarán de lejos hasta el escenario más pesimista. Los estimados del PBI del 2020 varían considerablemente, desde conservadoras contracciones de 4% hasta escenarios que supera contracciones de 20%.

Con el sector privado paralizado durante varias semanas, y un lento y tímido inicio de actividades, el país hoy día necesita de una potente reactivación de la demanda interna a través del gasto público, particularmente la inversión pública, mientras surten efectos las políticas orientadas a la reactivación del sector privado. De esta manera, la popular cadena de pagos, hoy considerablemente desgarrada, puede obtener ese oxígeno que necesita para detener el desplome de las cifras de empleo e ingreso que viene azotando a diversos sectores económicos.

Es importante entender que, en el largo plazo, un país no debe basar su crecimiento económico en el gasto público, el principal motor del crecimiento es y será siempre la actividad privada como principal generadora de empleo e ingresos. Sin embargo, en condiciones como estas, el gasto público, especialmente la inversión pública aparece nuevamente como la variable comodín que puede sostener en el corto plazo niveles mínimo de empleo e ingresos a través de la inyección de recursos, hasta que la economía se recupere; y, en la medida que dicha inversión se ejecute en proyectos orientados a incrementar la productividad, promoverá el crecimiento del sector privado en el mediano y largo plazo.

Sin embargo, las proyecciones de crecimiento de la inversión pública se mantienen muy bajas (-8.5% para el 2020). Ello, en gran medida, por la paralización de las obras desde el inicio de la cuarentena. Para finales de mayo, la inversión pública nacional registró una ejecución de S/6.3 mil millones de los casi S/47 mil millones programados inicialmente para el 2020 (equivalente a un 13.4% de ejecución).

Por lo tanto, dadas estas excepcionales circunstancias, el MEF se ve obligado a poner una meta ambiciosa pero viable para la ejecución de la inversión pública de lo que queda del 2020. Sin embargo, las cifras del primer trimestre del año, en donde prácticamente no se habían implementado las medidas del estado de emergencia, registran niveles muy bajo de ejecución en comparación con los trimestres anteriores, lo que pone en tela de juicio la capacidad de la inversión pública para frenar la recesión y evitar que supere los dos dígitos.

El Ministerio de Economía viene implementando todo tipo de medidas para acelerar la inversión pública, especialmente a nivel regional y local, bajo la lógica de que incluso obras de pequeña y mediana envergadura tienen poderosos efectos en el empleo local. Algunas medidas buscan reducir la tramitología existente, especialmente en aquellas obras que se encuentran paralizadas. El recientemente aprobado programa Arranca Perú, propone la ejecución de S/6,400 millones de soles en proyectos de los siguientes sectores priorizados transporte, educación, salud, empleo y agricultura a través de transferencias a entidades de los tres niveles de gobierno, además de otras facilidades para la ejecución.

Sin embargo, este tipo de medidas buscan pisar un pedal que todo gobierno, incluso la misma gestión durante los últimos meses del 2019, ha buscado pisar sin mucho éxito. La falta de capacidades de las entidades públicas para gestionar proyectos de inversión ha sido siempre un dolor de cabeza para el gobierno, especialmente en periodos de desaceleración económica.

En este contexto, el MEF ha venido dando señales de madurez decidiendo complementar su estrategia con otras medidas, como la mejora de los mecanismos de seguimiento de la ejecución física y financiera (como el desarrollo y uso cada vez más generalizado de la metodología BIM) y especialmente la apuesta por modelos de gestión alternativos en la gestión de proyectos especiales (PEIP), como los acuerdos GtoG (Gobierno a gobierno), contratos NEC y la contratación de Oficinas de Gestión de Proyectos (PMO por sus siglas en inglés), lo que implica la contratación de profesionales privados expertos en gestión pública.

Estos esquemas representan una salida altamente conveniente en el corto y mediano plazo a fin de lograr metas mínimas de ejecución; sin embargo, esperemos que la estrategia no pierda el criterio de sostenibilidad, a través del aprovechamiento de estos esquemas para el desarrollo de mejores capacidades técnicas de los funcionarios públicos. Para ello, la normatividad (aún poco desarrollada) es clave, y el reto principal será la extensión en el uso de estas herramientas inicialmente en los sectores y posteriormente, y lo que resulta un desafío aún mayor, en Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.