
A un año de las elecciones generales de 2026, el Perú atraviesa una de sus peores crisis de confianza en sus instituciones y autoridades. Según el INEI, la desaprobación del Congreso y de los partidos políticos supera el 90%, mientras que diversas encuestas privadas revelan una aprobación presidencial en mínimos históricos. Estas cifras reflejan una desconexión profunda entre el sistema político y la ciudadanía.
Desconfianza generalizada
La falta de credibilidad en las instituciones públicas resulta crónica. En 2024, más del 90% de los hogares declaró tener nada o poca confianza en el Congreso de la República y en los partidos políticos, mientras que la desconfianza hacia el Poder Judicial y los gobiernos regionales bordea el 80 %. Esta situación compromete la representatividad de las instituciones del Estado y limita su capacidad para responder a los problemas públicos.

La desconfianza es generalizada y viene empeorando. Entre 2019 y 2024, la aprobación del Gobierno Central se redujo de 44 % a 10 %, llegando a un mínimo de 7.7 % en Lambayeque. Por su parte, la aprobación en los gobiernos regionales también empeoró de 24 % a 17 %. Un patrón similar se observa en la aprobación de los gobiernos locales, aunque en menor magnitud: a nivel provincial la aprobación cayó de 28 % a 21 %, mientras que a nivel distrital de 33 % a 30 %.

Percepción de la democracia
La desconfianza en las instituciones no solo deteriora la legitimidad del sistema político, sino que también impacta en cómo los ciudadanos valoran la democracia. Así, mientras que en 2019 el 35.3 % de los hogares consideraba que la democracia en el Perú funcionaba bien o muy bien, para 2024 esta proporción se redujo a tan solo 21.6 %.
La caída fue aún más notoria entre los hogares de menores ingresos, que enfrentan menores niveles de acceso a servicios básicos de calidad, sobre todo en un contexto de aumento de la pobreza desde 2019. Así, en los quintiles más pobres, el porcentaje de hogares que considera que la democracia funciona bien o muy bien se redujo de 42 % a 25 % entre 2019 y 2024, mientras que en el quintil más alto la caída fue de 31 % a 19 %.

En esa línea, la desconfianza debilita la legitimidad de las instituciones y la valoración del sistema democrático, y alimenta un creciente desinterés por la política. Según el World Values Survey, el 76 % de peruanos declara no estar muy interesado o no tener ningún interés en la política. De esta manera, la capacidad ciudadana para exigir cambios y promover reformas se ve limitada.
Principales problemas según los ciudadanos
Conforme la insatisfacción y la desconfianza aumentan, también se ajustan las percepciones sobre los principales problemas del país. Desde 2017, la corrupción era señalada como el principal problema del país según los hogares. Sin embargo, en 2024, esta fue desplazada por la inseguridad ciudadana o la delincuencia (52.5 %).

Al analizar por regiones, es notorio que, respecto al año 2023, la percepción de la inseguridad o delincuencia como principal problema ha aumentado en todas las regiones. Este incremento es aún mayor en el norte, principalmente en Lambayeque (74 %), Piura (57 %) y La Libertad (65 %). Este cambio ocurre en un contexto marcado por el incremento de las extorsiones y la expansión de las economías ilegales
Reconstruir la confianza a través de acciones concretas es clave para fortalecer la democracia en el Perú. En un contexto marcado por el malestar ciudadano, la credibilidad y confianza son condiciones necesarias para generar consensos sostenibles e impulsar una mayor inversión privada que acelere la reducción de la pobreza. Para ello, es necesario un Estado más empático, transparente y capaz de responder con eficacia a las necesidades de una ciudadanía que le demanda soluciones.
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