El asesinato de 13 mineros en La Libertad ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la minería ilegal y la urgente necesidad de formalizar la minería de pequeña escala en el Perú. Mientras el plazo del REINFO se acerca a su fin, en el Congreso se prepara la Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal, conocida como Ley MAPE, la cual podría cambiar las reglas del juego para este sector. ¿En qué va este proyecto? ¿Y qué escenario se abre para los próximos meses? Más detalles en el siguiente informe de Geraldine Hernández y Fiorella Hokama.
El asesinato de 13 mineros en La Libertad ha vuelto a poner en la mesa el debate sobre la minería ilegal y la urgente necesidad de formalizar la minería de pequeña escala en el Perú.
Mientras el plazo del Registro Integral de Formalización Minera - REINFO se acerca a su fin, en el Congreso se prepara la Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal, conocida como Ley MAPE, que busca regular y formalizar las actividades mineras artesanales y de pequeña escala, respetando las normas ambientales, la seguridad y la salud de las personas.
Cabe recordar que la Ley MAPE fue creada en 2002 y la idea hoy es poder actualizar este marco legal para reemplazar al REINFO cuando este acabe, ya sea en junio o en diciembre de este año. Pues, luego de sus constantes prórrogas, ha servido como manto protector para los mineros ilegales que aparentan querer formalizarse.
En este contexto, surge la pregunta: ¿Cuál es el estado actual de la ley MAPE en el Congreso? La vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Diana Gonzáles, responde que los avances son nulos.
"Desde la Comisión de Energía y Minas, la presidencia sigue presentando diferentes propuestas de texto normativo, pero hasta la fecha no hay una versión final para presentar formalmente a los miembros de la comisión para debate. Creo que todos tenemos que asumir responsabilidad tanto como Ejecutivo y Legislativo y es hora que la presidencia de la Comisión de Energía y Minas, que tiene la agenda y los temas a tratar con total discrecionalidad, presente esta iniciativa y se someta a debate como pone en la comisión”.
La congresista explicó que las mesas de trabajo sobre la Ley MAPE se iniciaron desde el 12 de diciembre de año pasado, y que se sesionó de manera extraordinaria invitando al ministro de Energía y Minas, Jorge Montero. Pero entonces, ¿será posible que el Congreso consiga tener la ley MAPE lista antes del 30 de junio? Raúl Camborga, consultor en derecho minero, lo cree poco probable.
"No creo que haya posibilidad de una Ley MAPE para el 30 de junio por la dinámica que ha tenido la Comisión de Energía y Minas que, si bien ha avanzado con reuniones, no ha resuelto una serie de puntos controversiales. El Congreso habilitó al Ejecutivo a extender el Reinfo hasta por una segunda vez a diciembre de este año. Es probable que eso ocurra, pero yo creo que estas circunstancias obligan a tener en cuenta que no puede estar prorrogándose un régimen que todos sabemos que permite de alguna manera la minería ilegal”.
La importancia de tener un marco normativo que regule la actividad minera de pequeña escala radica en el tamaño del problema: según el Instituto Peruano de Economía, la minería ilegal movió más de 7 mil millones de dólares en exportaciones solo en 2024, y ha cobrado la vida de 39 mineros de acuerdo con la minera Poderosa en los últimos años.
En este marco, los principales gremios del sector exigen a las autoridades acciones estratégicas e inmediatas para combatir la minería ilegal, priorizando la eliminación del REINFO. Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, exigió al Congreso actuar con firmeza.
"El Congreso tiene en sus manos la facultad de ponerle coto al Reinfo y que no se vuelva a extender y que una Ley MAPE reúna las características que requerimos para que no vuelva a presentarse una situación como la que estamos viviendo”.
Si antes del 30 de junio no hay una ley MAPE lista, es probable que se active esa segunda y última prórroga del REINFO. Mientras tanto, la violencia en zonas mineras y la presión de los mineros en proceso de formalización seguirán cobrando vidas y afectando al desarrollo del país.
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