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por Fiorella Hokama
·A un año de terminar su mandato, la presidenta Dina Boluarte llega a su tercer mensaje presidencial en medio de una fuerte desaprobación ciudadana, pero con una economía que muestra señales de recuperación. ¿Cuáles son los temas que debería priorizar para asegurar un cierre con orden y estabilidad?
La presidenta Dina Boluarte celebrará su tercer 28 de julio con la desaprobación de 9 de cada 10 peruanos, según la más reciente encuesta de CPI. Sin embargo, el panorama económico ofrece señales positivas: una inflación controlada y una proyección de crecimiento moderada pero estable.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la economía peruana creció 3.1 % entre enero y mayo. Además, el repunte de la inversión privada, en sectores como minería, agroindustria y energía, fue importante para sostener el crecimiento en estos primeros meses del año, aunque persisten desafíos que podrían frenar ese impulso.
Para Martín Valencia, Jefe de Estudios Económicos del Instituto Peruano de Economía (IPE), el país enfrenta una situación ambigua: mientras que la inversión privada muestra signos de recuperación, persisten señales de incertidumbre en el manejo fiscal, que es responsabilidad del ministerio de economía y finanzas.
“Tienes a una inversión privada creciendo a su ritmo más rápido en varios años; pero por el otro lado hay un problema de mediano largo plazo que es el manejo fiscal, que es el riesgo más grande. Hace un mes se mencionaba que se iba a cambiar la regla de déficit, la semana pasada el ministro de economía dijo que se mantendría la regla de déficit en 2.2 %, pero a la vez se está pidiendo un crédito suplementario. No hay mucha claridad respecto a las metas reales del gobierno en temas de manejo fiscal. Esperemos que en el discurso se mencione algo de ello”, dijo el economista.
Uno de los principales desafíos que arrastra el país es la minería ilegal, que no solo erosiona las finanzas públicas, sino que también está conectada con el crimen organizado, la destrucción ambiental y la pérdida de oportunidades de desarrollo.
En ese sentido, Gustavo de Vinatea, Gerente General del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), alerta sobre la magnitud del problema y lo que realmente pierde el país con esta actividad ilegal, en la actualidad.
“El 50 % del oro que se extrae hoy del Perú es de procedencia ilegal y esto es muy alarmante porque cuando una empresa formal decide explotarlo, está aceptando condiciones en las cuales deja un porcentaje en la minería peruana, puede ser hasta 50 % que le deja al Estado. ¿Tú te imaginas la cantidad de recursos que estamos perdiendo, la cantidad de oportunidades que tendría este país para su gente con 50 % de oro que tributa? Creo que ya es hora de que el Perú tenga una buena Ley Mape, pero que también deje sin efecto el Reinfo”, dijo De Vinatea en Economía para Todos por RPP.
El propio ministro de Energía Y Minas, Jorge Montero, ha señalado que este tipo de minería representa un perjuicio de más de s/ 7,800 millones en recaudación fiscal para este 2025 y las regiones más afectadas son Puno, Arequipa, Madre de Dios Y La Libertad.
A ello se suma el componente de inseguridad. Entonces, ¿qué debería priorizar Dina Boluarte en este último año de gestión? La economista Paola Bustamante, directora de Videnza Instituto, destaca dos temas urgentes: mantener la firmeza frente a la minería ilegal y enfrentar la inseguridad ciudadana.
“El tema de minería ilegal. Ha sido un acierto del gobierno el que se hayan retirado a los 50,000 registros que se encontraban suspendidos. El Gobierno actual tiene que mantener esa medida para que así se avance en un proceso de tener una ley de minería artesanal y pequeña minería. Otro de los temas que es clave para la mejora es revertir esta situación de inseguridad, de tal manera que esa inversión privada que es tan importante siga apostando por nuestro país y que no se vayan esos capitales afuera del Perú”, sostuvo.
Dina Boluarte llega a su tercer discurso presidencial con una economía que da señales de recuperación, pero con desafíos estructurales urgentes: mejorar la gestión fiscal, enfrentar la minería ilegal y garantizar seguridad ciudadana. Con solo un año de gestión por delante, el reto es claro: pasar de los anuncios a la ejecución efectiva de políticas públicas, pues el país exige y necesita resultados.
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