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A través de un decreto supremo oficializado hoy en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo dispuso la declaratoria de emergencia debido a la sobrepoblación de los penales y la deficiente "calidad" de su infraestructura.
El Gobierno dispuso la declaratoria de emergencia del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) y del Sistema Nacional Penitenciario por un lapso de 24 meses.
La disposición fue oficializada a través del Decreto Supremo N° 014-2024-JUS, publicado este martes en el diario oficial El Peruano, el cual fue suscrito por la presidenta de la república Dina Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros Gustavo Adrianzén, y el ministro de Justicia Eduardo Arana.
Asimismo, se estableció que el Ministerio de Justicia apruebe "mediante Resolución Ministerial, una Estrategia Sectorial de Emergencia Penitenciaria", en un plazo de 45 días desde la vigencia del referido decreto supremo.
¿Cuáles son las razones que justifican la medida?
Según se indica en el mismo decreto supremo, las razones de la declaratoria de emergencia son el "déficit de capacidad de albergue" y la optimización de "la prestación de servicios para la resocialización de las personas privadas de libertad". Además, indica que se busca "garantizar la implementación de la Política Nacional Penitenciaria al 2030 (...) en favor de la resocialización de las personas privadas de libertad".
En los considerandos, se señala que "el Sistema Penitenciario Nacional, a agosto de 2024, alberga a 98 127 personas privadas de libertad, en los 69 establecimientos penitenciarios existentes, a pesar de tener una capacidad para solo 41 556 personas, lo que genera una sobrepoblación del 136%".
"La situación crítica se agrava aún más, debido a la insuficiente capacidad de los establecimientos penitenciarios existentes. Al 2023, solo el 50.2% de la población privada de libertad se encontraba en establecimientos con condiciones adecuadas de infraestructura y servicios", añade.
Al respecto, se alude a una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del 2014 que declara un estado de cosas inconstitucional "respecto del permanente y crítico hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias en su capacidad de albergue, calidad de infraestructura e instalaciones sanitarias, de salud, de seguridad, entre otros servicios básicos a nivel nacional".
En esa línea, el TC exhortó al Ministerio de Justicia "a evaluar la necesidad de ampliar, modificar o replantear sustancialmente las medidas que resulten necesarias e indispensables para superar progresivamente el estado de cosas inconstitucional declarado".
Además, se refiere que el 4 de octubre del 2023, el Grupo de Trabajo sectorial temporal, dependiente del Ministerio de Justicia, encargado de "la elaboración de propuestas que coadyuven a la reestructuración y fortalecimiento del Instituto Nacional Penitenciario", recomendó “la declaratoria en emergencia (...) del Instituto Nacional Penitenciario, a fin de revertir [la situación] que atraviesan los establecimientos penitenciarios a nivel nacional".
Asimismo, se indicó que en la II Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), desarrollado el 18 de junio de 2024, se acordó declarar en emergencia el Sistema Nacional Penitenciario. Finalmente, el pasado 5 de noviembre, el Consejo de Estado acordó “disponer recursos para la infraestructura penitenciaria, logrando la ampliación de penales existentes y la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios; y, la reorganización del Instituto Nacional Penitenciario”.
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Luis Felipe Rodriguez Jimenez Redactor web / Periodista
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